Mauricio De Maria Y Campos

Infraestructura, el siguiente reto de Biden ¿Y México?

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles dio a conocer su informe 2021 sobre el estado de la infraestructura de EU.

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles dio a conocer su informe 2021 sobre el estado de la infraestructura de los EUA. La calificación que le da es de D+. Estima una brecha de inversión en infraestructura de alrededor de 2.6 trillones de dólares, que debe franquear en los próximos 10 años.

El reto de largo plazo fue planteado al inicio de los gobiernos de Biden y Trump. Sin embargo, los planes se quedaron en planes. Obama se enfrentó en 2008 a la necesidad de rescatar la economía tras los descalabros de la crisis financiera de Bush del 2008. Trump fue muy enfático en sus promesas de campaña, pero pronto se le olvidaron. Optó por la reducción de impuestos para satisfacer a su clientela corporativa tradicional. El líder del Senado, Mitch McConnell no le ayudó. Muy conservador, consideró que un programa de obras públicas "a la Roosevelt" implicaba un intervencionismo estatal indeseable.

La pandemia ha hecho más evidente la insuficiente infraestructura de salud, agua, red digital, carreteras, vías férreas, puertos, puentes que requiere EU y, por tanto, la urgente necesidad de darle mantenimiento, expandirla y mejorarla para satisfacer las crecientes necesidades sociales y de competitividad internacional. La reciente crisis del sector eléctrico en Texas ha sido una señal más de alarma.

Biden está muy consciente de la brecha y su urgencia; lo planteó repetidamente durante su campaña y en sus primeros 60 días. Tendrá que realizar un gran esfuerzo político y financiero para sacarlo adelante en su primer año de gobierno; tras el reciente paquete de incentivos frente a la emergencia sanitaria y social.

El informe de la ASCI hace notar que 11 de los 17 sectores de infraestructura tienen deterioro y necesidades crecientes y que EU están invirtiendo la mitad del monto básico necesario para la próxima década. La transportación terrestre -carreteras, vías férreas, puentes, transportes públicos- solo tiene previsto el 50 por ciento del monto deseable– con un déficit de 1 215 mil millones de dólares. En el caso de inversiones hidrológicas la brecha es de 434 mil millones de dólares; en escuelas públicas de 380 mil millones; en electricidad, de 197 mil y en aeropuertos de 111 mil millones de dólares.

Las consecuencias estimadas de no invertir son de una pérdida en la década de 10 trillones de dólares de PIB, incluyendo 2.4 trillones por exportaciones y tres millones de empleos. Un gran contraste con China, su gran rival, que ha intensificado enormemente en su plan para la próxima década su ya de por sí muy ambicioso programa de inversiones en infraestructura.

Un excelente artículo de Annie Karni y Jim Tankersley (NYT 1-3-21) destaca que, aunque el desafío y la necesidad del programa es admitido por demócratas y republicanos, la solución presupuestal será compleja: implica definir cuánto invertir, qué programas de infraestructura son prioritarios y lo más importante, si será necesario aumentar impuestos para tal efecto, después del gran paquete de estímulos ya autorizado. En el contexto actual los demócratas podrían verse obligados a 'mayoritear' el programa con toda la negociación política involucrada.

Es obvio también que, como en el caso de las inversiones militares, habrá intereses regionales, locales, sectoriales y corporativos que disputarán la asignación y uso de los recursos, con un intenso cabildeo y actividad de legisladores. Grupos conservadores de ambos partidos han manifestado ya que el paquete de infraestructura tendrá que ser más liviano de lo que pretenden los legisladores más progresistas. Ello podría exigir a Biden una estrategia que utilice el llamado recurso de reconciliación para evitar tener que recurrir a lo que en términos parlamentarios llaman un 'filibusterismo' en el Senado.

El secretario de Transporte, Buttiegieg, considera que la coyuntura ofrece una oportunidad única para superar un desafío que la crisis ha hecho evidente. El presidente de la AFL-CIO -la gran unión sindical de los EUA- está totalmente a favor en la hora del empleo: "Un gran, audaz programa de infraestructura -destacó- sería un programa de justicia racial, a la vez que una medida frente al Covid y el más importante programa en materia ambiental, todos en uno". Los economistas, que buscan la recuperación y un crecimiento sostenido también lo ven con buenos ojos. Para Biden es la oportunidad de implementar también su programa de infraestructura, empleo, energía y desarrollo verde.

Los cabilderos consideran que tiene excelentes posibilidades de ser aprobado. Sin embargo, algunos de los grupos más progresistas consideran que podría correrse el riesgo de dejar rezagada la solución del apremiante problema de la desigualdad, si se desestiman las necesidades de inversión en educación e infraestructura humana. Henry Cisneros, por ejemplo, ha insistido en la necesidad de atender las necesidades de largo plazo de educación y mejoramiento de habilidades para la modernización. El sector empresarial, por su lado, está de acuerdo, pero busca evitar mayores impuestos. ¿Será la deuda la solución? El presidente Biden ha sostenido desde febrero varias reuniones con legisladores de ambos partidos, personalidades políticas, empresariales y laborales para tratar de encontrar un consenso. Hay un gran espacio común cuando se trata de crear crecimiento y empleos y todos los estados se benefician.

Para México, como vecino de EU, junto con Canadá, el programa de inversión en infraestructura de Biden constituye una gran oportunidad para armar un programa paralelo y convergente de inversión en infraestructura y capacidad productiva, empleo, desarrollo educativo y tecnológico que permita un crecimiento de 4-5 por ciento anual y un desarrollo incluyente y sustentable.

Un programa de desarrollo bien estructurado para América del Norte debería permitirnos reconstruir nuestra deteriorada infraestructura física y social, impulsar el desarrollo de la inversión y capacidad nacional de desarrollo tecnológico e innovación y fomento empresarial a nivel regional. Tenemos que partir del reconocimiento de que el TMEC y la inversión extranjera directa son un complemento del esfuerzo nacional; pero que tenemos que promover lo hecho en México, en materia de consumo, y bienes intermedios y también, hasta donde sea posible, la industria de maquinaria y equipo nacional; de lo contrario nos encontraremos otra vez, como ya sucedió antes, con un tope a nuestra tasa de crecimiento.

Ello exige -como lo han mostrado Japón, China, Corea del Sur y recientemente Vietnam- un gran esfuerzo de creación de capital humano y desarrollo tecnológico propio. El sur-sureste de México rezagado y en particular el istmo de Tehuantepec constituyen una gran oportunidad, pero también la zona fronteriza entre México y EU, cuya infraestructura física y social está muy deteriorada y necesitada de obras de comunicaciones y transportes, así como hidráulicas y ambientales, que el NADBank prometió impulsar desde 1995 y nunca cristalizaron.

Todo ello, sin embargo, dependerá de que se realicen las grandes reformas que siguen pendientes, desde hace tres o cuatro décadas en materia fiscal y financiera. Sin ellas difícilmente podrán realizarse las inversiones públicas y privadas necesarias y lograrse el desarrollo sectorial y regional anhelado. El anuncio del secretario de Hacienda de que en el segundo semestre del año se podrá explorar una reforma fiscal, despierta esperanzas. Podría ser el comienzo de una alianza pública-privada-social de desarrollo incluyente y sustentable para la era pospandemia. Podría ser también la plataforma mexicana de una más próspera, incluyente y sustentable América del Norte.

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