El desarrollo del Sur de México y las Zonas Económicas Especiales
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El desarrollo del Sur de México y las Zonas Económicas Especiales

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El desarrollo del Sur de México y las Zonas Económicas Especiales

23/04/2019

La región Sur, integrada por Chiapas, Guerrero y Oaxaca, es la mesoregión con mayores niveles de aislamiento, marginación y pobreza del país. Merece atención prioritaria por la deuda moral y social histórica que tenemos con su población pero también porque posee vastos recursos naturales -agua, potencial energético, población joven y posición geoestratégica desaprovechados. Hasta ahora todos los proyectos políticos y económicos para revertir esa situación solo se han quedado en promesas. Su población ya está cansada de promesas incumplidas. Hay que atender esas legítimas demandas.

El aislamiento, la marginación y la pobreza de la población se distribuyen también de manera desigual entre las subregiones y municipios de las tres entidades del Sur.

El 30% de la población de la Región Sur habita en hogares indígenas y en 249 municipios su participación es mayor al 80%. Ello da a esta región una naturaleza específica.

Estos fenómenos provocan rezagos, contrastes y conflictos sociales y barreras a la atracción de inversiones, que resultan muy elevadas en las subregiones más pobres y aisladas. Los índices de desgobierno, violencia, desapariciones forzadas y crimen organizado son de los más altos del país. Hay una gran debilidad institucional y de los sistemas estatales.

La Montaña de Guerrero, la Selva de Chiapas, la Cañada y las Sierras de Oaxaca son las subregiones más pobres y marginadas con mayores barreras a la inversión y dificultades para un desarrollo económico y social más rápido, equitativo e incluyente. En contraste, las zonas costeras desde Lázaro Cárdenas hasta Puerto Chiapas -pasando por Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Escondido-Huatulco son relativamente ricas, urbanizadas por el turismo, comunicadas y con mejor clima para la inversión y el desarrollo productivo. Aun así padecen serios problemas de desigualdad entre municipios e inseguridad dentro de las ciudades; considérese el caso de Acapulco.

El potencial desarrollo económico es un gran reto. Los recursos naturales son abundantes, pero la infraestructura física y social básica es muy deficiente para el desarrollo de empresas; el capital humano y la capacidad educativa muy limitadas; escaso el acceso a asistencia técnica, tecnologías informáticas y de la comunicación; muy bajos los niveles de riqueza acumulada (PIB, PIB per cápita, capacidad de ahorro e inversión). Ello explica que las zonas no estén bancarizadas

La zona costera ofrece un buen potencial en turismo y servicios; pero exige infraestructura física y social, la canalización de recursos financieros considerables y el desarrollo de programas que permitan generar clusters productivos y de servicios con apoyos institucionales. Hacia el interior de los estados, las capitales y el Istmo (Oax.), el Soconusco (Chis.) y el Centro y la Costa Grande de Guerrero tienen grandes posibilidades por sus recursos naturales y ubicación geoestratégica.

Durante los 80s, se puso en marcha un Plan Nacional de Desarrollo Industrial cuyos esfuerzos se concentraron en la zona siderúrgica- Lázaro Cárdenas y en la costera petrolera- petroquímica -integrada por 134 municipios, en los que habita casi la tercera parte de la población del Sur. Los Puertos Industriales de Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Salina Cruz fueron los puntales de este crecimiento regional, junto con Tampico-Altamira en el noreste.

Los resultados fueron importantes, pero limitados por la interrupción súbita de los estímulos a la inversión en 1988, a causa de la crisis del petróleo y de la deuda externa. Modernas plantas siderúrgicas y metalmecánicas nacieron muertas; estaban diseñadas para un país en expansión que se quedó trunco.

Durante los 5 sexenios siguientes el desarrollo del sur se quedó como una asignatura pendiente. El sector de refinación y petroquímico fue el gran perdedor: de representar el 8% del PIB en 1988 pasó a sólo el 3%. Su impacto en las empresas y en el empleo local fue desastroso.

Fue hasta el final del sexenio de EPN, que se expidió el Decreto de Zonas Económicas Especiales, inspirado en esquemas asiáticos. Se establecieron incentivos fiscales y financieros muy grandes y polémicos. Lamentablemente fue tardío y no estableció un marco Integral de desarrollo.

El 29 de Septiembre 2017 EPN firmó el decreto para la creación de las tres primeras ZEE: Lázaro Cárdenas-Unión, Coatzacoalcos y Tapachula. Las tres abarcan municipios costeros de mayor desarrollo económico relativo dentro de sus respectivas entidades federativas y aprovechaban en una primera etapa infraestructura existente. Se anunció la creación de 2 más en Salina Cruz, Oax. y Progreso, Yuc. Se adquirieron bastantes terrenos, pero los proyectos de infraestructura e inversión industrial se quedaron en buenas intenciones.

El proyecto de ZEE fue “mucho ruido y pocas nueces”: a todas luces insuficiente, de impacto limitado y con un excesivo sacrificio fiscal previsto a nivel federal, estatal y municipal. No se programaron los mecanismos y financiamientos necesarios de la banca de desarrollo y la banca privada. Es urgente una evaluación del presupuesto ejercido y los avances alcanzados, así como de los compromisos contraídos a futuro para ver que es rescatable.

Estudios realizados desde 2013 han permitido desarrollar un marco analítico para el diseño e instrumentación de las políticas públicas del Programa del Sur.

El Programa requiere 4 ejes de actuación –económico, social, ambiental e institucional- y 18 programas estratégicos, con el objetivo central de erradicar la pobreza y la marginación de la región y promover inversiones, empleos y desarrollo.

Destaca la necesidad de un ordenamiento territorial, el desarrollo de infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, el rescate urbano de ciudades claves; el desarrollo de capacidades institucionales, educativas y de capacitación, gerenciales y financieras y de formulación regional y local de políticas públicas entre sectores público y privado.

Los imperativos de combate a la injusticia, la corrupción y la impunidad y de estabilidad y paz social demandan un 5º eje en el que la nueva política de seguridad deberá jugar un papel crucial.

El grado de comunicación o de aislamiento serán determinantes para el diseño y la instrumentación de las políticas públicas del programa para el desarrollo del sur, incluyendo el sistema de ZEE que requiere ser revisado en el marco de los objetivos y proyectos de la 4ª Transformación.

Los factores de desigualdad y desarticulación entre regiones, subregiones y localidades son claves. Urge revisar vocaciones y prioridades de producción agropecuaria e industrial y establecer políticas de fomento en el ámbito federal, estatal y local. El programa del sur debe apuntalar una estrategia para reducir el aislamiento, la dispersión y la desigualdad socioeconómica en las tres entidades y promover polos de desarrollo incluyente.

Las zonas turísticas costeras se abastecen de bienes extraregionales e importados, que podrían producirse localmente: alimentos y bebidas, agroindustriales, muebles, etc. Ello se aplicaría también a la costa maya

En particular deben vigilarse y atenderse las cuestiones vinculadas con sus estados vecinos. La Región Sureste y los municipios colindantes de Michoacán, Puebla y Veracruz son claves para la evolución futura de los estados del sur, considerando sus infraestructuras urbanas, portuarias e industriales.

Dadas las amplias zonas costeras de los tres estados del sur y sus fronteras, la seguridad y los retos y oportunidades económicos, sociales y de infraestructura deben ser examinados con una visión estratégica que atienda la perspectiva nacional e internacional – incluyendo la región fronteriza costera centroamericana: Guatemala, Honduras y Belice

El Proyecto del tren Maya, el del desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el de Siembra de árboles maderables y frutales pueden y deben jugar un papel estratégico en el desarrollo de la región. Urge un plan de desarrollo, financieramente viable que armonice estos proyectos con el potencial de desarrollo regional de los estados del sur y entidades vecinas y con las oportunidades de desarrollo de proveedores nacionales.

Las empresas privadas y sus organizaciones regionales, así como las instituciones académicas locales, los sindicatos y la sociedad civil organizada serán claves para construir el marco institucional propicio del desarrollo productivo e identificar e impulsar los proyectos.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, SEDATU, SCT y Bienestar, así como Nacional Financiera y BANOBRAS serán cruciales.

Alfonso Romo en una reunión reciente en que se presentó esta propuesta al Plan Nacional de Desarrollo lo dijo claramente. “Lo que se requiere es un programa equivalente al Plan Marshall para el desarrollo del Sureste y los países vecinos”. He ahí el desafío.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.