México es un país con gran potencial de generación de energías limpias de fuentes renovables, claves para el futuro, destacando la solar y la eólica. Es necesario aprovecharla cabalmente en aras del interés nacional.
La polémica surgida del reciente Acuerdo relativo a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional demanda la conciliación de intereses públicos y privados -nacionales y extranjeros- de inmediato y en el corto y en el largo plazos, si pretendemos intensificar y consolidar su potencial como palanca del desarrollo nacional y regional de México; más aún en el previsible contexto global tras la pandemia.
Múltiples argumentos científicos, políticos, económicos, sociales, jurídicos se han esgrimido en días pasados en favor de que se revise la decisión reciente. Gobernadores estatales, empresas, diplomáticos, académicos, técnicos y ambientalistas, nos han recordado la importancia de que continúen las inversiones en curso y el fortalecimiento de esta fuente de energía, frente a las declinantes fuentes fósiles de los hidrocarburos, el cada vez menor potencial disponible de la energía hidráulica y las virtudes de las energías renovables.
La Tercera Revolución Industrial está basada en una nueva revolución energética que exige la transición hacia fuentes renovables verdes por razones ambientales y de seguridad humana, pero también por razones económicas. El gran avance de los últimos 10 años ha descansado precisamente en la reducción de los costos de generación y conexión y su mayor rentabilidad privada y social.
México está dotado a lo largo de su territorio de una gran riqueza natural en términos de potencial de generación de energía solar y eólica. Ésta se concentra en zonas del noroeste y particularmente del sur del país, escasamente desarrolladas a la fecha, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Un estudio que realicé hace siete años (Instituto de Desarrollo Social y Sustentable de la Universidad Iberoamericana), actualizado hace un par de años en el Colegio de México, dejó muy claro que el único indicador en que los estados del sur del país superan comparativamente al resto de las megaregiones nacionales es el de los recursos naturales y particularmente en el renglón de energías renovables. En todos los demás renglones, comenzando por bienestar económico y social, infraestructura, actividad empresarial, educación, salud, vivienda, financiamiento los tres estados están a la cola.
Paradójicamente hasta hace poco sólo el agua y las energías fósiles recibían atención de inversionistas públicos y privados. Peor aún, la disponibilidad de energía eléctrica -al igual que en el caso de agua corriente- presenta hoy en los hogares del sur los índices más bajos en todo el país, como resultado de la desigualdad que ha prevalecido en el modelo tradicional de desarrollo económico y social mexicano.
Urge revertir esa situación por razones sanitarias, económicas y de justicia social. Una buena política de fomento al desarrollo de las energías renovables podría aliviar significativamente esa problemática. Ello requiere atención convergente de la inversión pública y privada y de la federación y los estados donde se realizan las inversiones; en materia fiscal podría examinarse la conveniencia de que fueran los estados y municipios los beneficiarios directos del ISR de las empresas generadoras de energía.
Otra razón por la cual las industrias renovables requerirán creciente atención reside en las tendencias tecnológicas de la manufactura a nivel mundial.
En su introducción al libro México frente a la Tercera Revolución Industrial (IDIC- UNAM) -que presentamos hace unos años en el Congreso- el destacado economista Jerome Rifkin nos advirtió que: "En la nueva era industrial cada persona en principio puede ser su propio fabricante, así como tener su propia página de internet y su propia generación eléctrica renovable, cambiando totalmente la forma de producción industrial a través de la impresión en 3-D". Ello implicará la democratización de la manufactura in situ y comercialización a muy bajo costo. (La actual crisis del Covid-19 está acelerando esas realidades en manufactura de equipo y materiales médicos).
Lo mismo sucede en el caso de las necesidades de electricidad de las grandes empresas y las ciudades.
Pero particularmente hay que destacar el caso de las comunidades aisladas, lejanas a las grandes plantas generadoras de energía con fuentes fósiles. Hoy puede lograrse que comunidades pequeñas en México y en cualquier parte del mundo generen su propia energía y la acumulen cada vez más eficientemente, evitando los altos costos de distribución.
Al mismo tiempo quiero subrayar que existen compromisos históricos internacionales de México alineados con estas tendencias y la urgencia de combatir los gases de efecto invernadero que no deben soslayarse. Desde los primeros estudios del Club de Roma y las primeras conferencias sobre Energía y Medio Ambiente de la ONU, México ha jugado un papel importante como generador de ideas, conocimiento e iniciativas para promover el uso de energías sustentables y lograr un medio ambiente limpio. Hemos sido signatarios y promotores desde Río de Janeiro a Johannesburgo y París de acuerdos internacionales que nos comprometen al mayor uso de energías renovables y al combate al calentamiento global. Orgullosamente como director general de la ONUDI y diplomático mexicano participé en estos foros y pude contribuir a la adopción de muchos acuerdos que hoy Trump se atreve a cuestionar.
En este marco es urgente que México defina su propio plan de desarrollo y seguridad energéticos para las próximas dos décadas. Éste tiene que ajustarse a las nuevas y emergentes realidades y a nuestros compromisos internacionales, incluyendo los objetivos 2030 de la ONU, ahora en jaque por la pandemia.
Hace 10 años, los costos de las energías renovables iniciaron una tendencia descendente y, por lo tanto, su competitividad frente a la tradicionales fósiles mejoró significativamente. Ello condujo a promoverlas. La reforma energética de 2013 optó por la inversión privada, con participación de empresas europeas y canadienses, que habían invertido en su desarrollo tecnológico y su generación. Pemex y CFE, maniatadas financieramente por SHCP y agobiadas por cargas laborales, restricciones y vicios acumulados no se enverdecieron y no invirtieron en energías renovables -a diferencia de otras grandes empresas energéticas internacionales (incluyendo algunas estatales).
El resto de la historia ya se conoce: las inversiones y negociaciones se realizaron bajo reglas del juego y condiciones que el actual gobierno juzga inadecuadas. Un artículo reciente publicado en Sin Embargo (Guadalupe Fuentes, 22-05-20) da algunas luces, sobre todo en relación a conflictos en parques eólicos en Oaxaca y Yucatán. Sería conveniente tener más información al respecto.
El martes pasado el Cenace ordenó la reactivación de las pruebas preoperativas de algunas instalaciones después de que varias empresas operadoras obtuvieron amparos judiciales ante el reciente decreto.
Lo importante es que las inversiones existentes y en marcha y las que resultan necesarias para el futuro del país en materia de energías sustentables sean respetadas, estimuladas y negociadas con reglas claras y duraderas en todos los ámbitos para garantizar el interés de los inversionistas y el interés público, por supuesto.