Mauricio De Maria Y Campos

Abasto de medicamentos, seguridad nacional y desarrollo industrial

Para asegurar la transparencia de las compras y conseguir los mejores precios y calidades, el gobierno firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

La salud de los mexicanos es prioritaria y exige un abasto seguro y oportuno de medicamentos, equipos y servicios de calidad al precio más bajo posible, tanto a través de los sistemas públicos como de los privados. Es asunto de seguridad nacional.

Lamentablemente en las últimas tres décadas no se ha contado con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una creciente población, hoy de 130 millones de habitantes, mucho menos para atender las demandas de una pandemia global sin precedente en el último siglo, como la actual del coronavirus.

El actual gobierno heredó una infraestructura física, humana, industrial y comercial importante, que ya quisieran muchos países emergentes, pero a todas luces insuficiente para garantizar 'salud para todos'. Por ello anunció un programa de reforma radical por etapas a realizarse en la primera mitad del sexenio, concentrada en las regiones más rezagadas del país; muchos celebramos, advirtiendo los retos.

El problema es que no se estimaron y mucho menos se garantizaron los mecanismos institucionales, programas y recursos presupuestales para ese fin. Tampoco hubo un liderazgo eficaz del Estado y la planeación y coordinación necesarias con las empresas productivas y comerciales.

La centralización de compras de medicamentos y otros productos para el sector salud (SS, IMSS, ISSSTE, etcétera) se trasladó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hizo lo mejor posible en sus licitaciones, pero no entendió las complejidades del mercado, de la producción de medicamentos y en particular los desafíos de la distribución.

Su intención de acabar con las prácticas monopólicas, la corrupción y reducir precios la llevaron a una mezcla de licitaciones a la antigua, compras directas a laboratorios y al extranjero e intento de crear nuevos mecanismos privados de distribución de los medicamentos a sus hospitales y clínicas. Se debilitó notablemente el indispensable proceso de planeación conjunta y pago oportuno a la industria privada. Todo ello condujo a la falta de medicamentos en los hospitales y clínicas desde fines del año pasado, grave en algunas unidades remotas, pero incluso en la Ciudad de México.

Durante las últimas dos semanas, AMLO adoptó dos decisiones impactantes para garantizar el abasto oportuno de medicamentos a precios bajos para el sector salud.

El primero fue promover y lograr en un plazo muy rápido reformas a la Ley de Adquisiciones para estar en posibilidad de adquirir directamente en el extranjero las compras que requiera el Estado para 2021 de medicamentos, equipos y otros bienes y servicios asociados. Anunció licitaciones por un monto de 6 mil 800 millones USD, correspondientes a 3 mil 643 claves de medicamentos.

Para asegurar la transparencia de las compras y conseguir los mejores precios y calidades, el gobierno firmó un convenio con la UNOPS -Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos- que "se encargará, con apoyo de su observatorio regional de precios de medicamentos, de buscar el mejor precio y calidad, adquirirlos y entregarlos". Cobrará sólo 1.25 por ciento de la facturación como costo de su gestión.

No es la primera vez que recurre el gobierno a la UNOPS. El 13 de febrero de 2019, Ebrard firmó con su directora noruega, Grete Faremo, un acuerdo marco para la supervisión de la transparencia en la implementación de proyectos ambiciosos, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Afortunadamente ya se aclaró que las licitaciones farmacéuticas estarán abiertas tanto a empresas extranjeras como mexicanas.

La Canifarma y la Amelaf tienen la esperanza de que en condiciones de equidad -un piso parejo- comenzando por la certeza de qué cantidades se van a comprar en 2021 y que se les pague con oportunidad, las empresas mexicanas pueden competir bajo las reglas que establezca el gobierno mexicano.

Sin embargo, en pláticas con Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Amelaf, constato que hay preocupación de las empresas mexicanas que la UNOPS asegure también que los proveedores extranjeros cumplan con la regulación sanitaria mexicana de Cofepris, las mejores prácticas de manufactura (GMF), no realicen ventas dumping -difíciles de detectar en esta industria- y no cuenten con subsidios explícitos o encubiertos, como sucede frecuentemente con empresas chinas e indias que buscan dominar el mercado mundial. Por otro lado, recuerda que hay adeudos todavía del gobierno con empresas mexicanas que datan de 2018. Es crucial que se les pague a tiempo y que puedan contar con financiamientos en condiciones comparables a las que obtienen las empresas asiáticas con el respaldo de sus bancos de desarrollo y comerciales.

También hay el cuestionamiento de algunas organizaciones ciudadanas por imprecisiones de la ley que posibilitan comprar medicamentos sin licitación, ni control de calidad y precio, más allá de la emergencia sanitaria.

La segunda gran decisión anunciada el jueves pasado es la de crear una empresa comercializadora del Estado para sustituir la red de distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos al sector salud, acusada de corrupta e ineficaz. Tendrá un presupuesto de alrededor de 2.25 billones USD para los próximos dos años y comenzará a operar ya para enfrentar las tareas pendientes y la crisis de desabasto de la pandemia. Estará bajo la dirección de David León, hasta ahora coordinador nacional de Protección Civil.

Se trata de dos encomiendas de gran envergadura. La de la UNOPS, mayor a cualquier otra que haya tenido a la fecha. La de David León, titánica, dadas las presiones y la dificultad de organizar una red eficaz en un plazo tan breve. Sus resultados dependerán de su propia capacidad técnica y de los consultores y empresas de logística y transportes que contraten para trabajos que son muy especializados y exigen estricta rendición de cuentas.

Lamentablemente, en ausencia de una política industrial, la Secretaría de Economía ha sido debilitada en sus estructuras técnicas burocráticas. La Secretaria de Salud y la Cofepris necesitan ser fortalecidas también.

En materia farmacéutica, la SE ha estado marginada de las reformas, a pesar de que México cuenta con una planta que es capaz de satisfacer 90 por ciento de la demanda de medicamentos y genera alrededor de 600 mil empleos, directos e indirectos.

Su gran limitación es que, al igual que otras industrias en México, tiene un alto contenido de importación; prácticamente todas las sustancias activas que utilizan, tanto las grandes farmacéuticas de capital extranjero, como las de capital mexicano, son de origen chino e indio.

Deberían ser las Secretarías de Salud y la de Economía las que colaboraran en la definición e implementación de una política sectorial industrial, tecnológica y comercial para el fortalecimiento de nuestras propias capacidades de producir y distribuir medicamentos (y sus ingredientes activos), vacunas, equipos y servicios digitales especializados, con apoyo del IMSS, ISSSTE, Nafin, Conacyt e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, como lo han hecho los países asiáticos.

Es triste que a México tenga que depender de la UNOPS como si fuera un país de menor desarrollo. Cuando fungí como director general de la ONUDI, hace 25 años, busqué que México participara, junto con China, India y Brasil en un programa para el desarrollo de capacidades de investigación, producción e inteligencia biotecnológica y farmacéutica.

Los otros tres países echaron a andar institutos y programas especializados que han rendido ya sus frutos. México se disculpó. No se autorizaron los recursos presupuestales necesarios. Estamos tarde, pero siempre a tiempo para lanzar nuestro propio proyecto nacional, si es que hay visión de largo plazo, liderazgo y los recursos financieros del caso.

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