El presidente de la República está solicitando el apoyo del Poder Legislativo para que se concreten las reformas constitucionales que hagan posible la creación de la Guardia Nacional como cuerpo principal, central, federal, encargado de la seguridad pública y de la protección de la ciudadanía.
No es un secreto que la seguridad es el tema más urgente para las familias mexicanas y es, al mismo tiempo, una de las asignaturas en las que ha fallado más en los últimos sexenios el Estado mexicano.
La última vez que una amplia mayoría de la población calificó como segura a su colonia fue en junio de 2005, hace casi 14 años. En esa ocasión, el 75 por ciento de los encuestados consideró que su lugar de residencia era seguro o muy seguro. Después de esa fecha, todas las encuestas muestran una percepción de seguridad que en los mejores momentos difícilmente llega a un 50 por ciento de percepción positiva.
Por eso, el apoyo que pide el presidente no es sólo para su gobierno, sino fundamentalmente para la población, para la ciudadanía.
Crear la Guardia Nacional es crear un instrumento para proteger a la ciudadanía de la inseguridad, la delincuencia y la violencia.
No es casual que en el debate desatado por la iniciativa de reforma constitucional la opinión del ciudadano común sea favorable. Todas las mediciones y encuestas así lo reflejan, desde un 69 por ciento de apoyo y hasta un 87 por ciento de respaldo.
En consecuencia, puede afirmarse que el Poder Legislativo también tiene la responsabilidad de dar respuesta a la ciudadanía en dos sentidos: por un lado, a la demanda general de seguridad; y por otra parte, a la simpatía que tiene la propuesta de crear la Guardia Nacional.
Dentro del Poder Legislativo ya hay varios grupos parlamentarios que han expresado públicamente su apoyo a la propuesta del presidente. Representan a la mayoría absoluta de legisladores. Sin embargo, para aprobar una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.
En otras palabras, no basta con el apoyo de la mayoría legislativa afín al gobierno. Es necesaria la participación de los legisladores de la oposición.
Esto nos remite necesariamente al tema de la responsabilidad. El mecanismo de aprobación de la reforma constitucional exige una oposición responsable. La oposición puede facilitar la concreción de la reforma o puede bloquearla. Si la oposición colabora podrá asumirse como parte de la solución. Si la oposición bloquea la reforma será mal vista por una ciudadanía a la que le urgen soluciones a un grave problema que afecta el patrimonio, la integridad y la vida de las personas.
No se ve en el horizonte una razón sólida para que la oposición rechace la propuesta. En el pasado, las fuerzas hoy opositoras, avalaron la integración de militares a la Policía Federal Preventiva e incluso la incursión masiva de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y aprobaron la Ley de Seguridad Interior. Un discurso radical contra las Fuerzas Armadas no sería creíble.
Hoy el presidente de la República está planteando las cosas en orden, con estrategia y legalidad. Plantea una reforma constitucional que de sustento a la propuesta sin conformarse con una legislación secundaria únicamente.
Propone una salida gradual del Ejército en las labores de seguridad pública. Articula un proyecto para que sólo el 10 por ciento de las Fuerzas Armadas (sus cuerpos policiacos) formen parte de la Guardia Nacional. Agrega un compromiso con los derechos humanos y la renuncia a usar la fuerza para reprimir sl pueblo, así como líneas de acción novedosas para distender como las amnistías, legalización parcial del uso lúdico de ciertas drogas y la justicia transicional.
La mala imagen del Poder Legislativo se debe en mucho a la aprobación de medidas rechazadas por la mayoría de la población, como el IVA de 15 por ciento, el Fobaproa o la reforma energética. Aprobar la Guardia Nacional es una oportunidad de hacer empatía con los sentimientos de la ciudadanía.