En todo el debate sobre el tema de los elevados salarios y privilegios de los altos mandos del Estado mexicano está faltando desarrollar una de las aristas más importantes: el obstáculo que ello representa para relanzar el crecimiento económico del país.
En su reciente visita al Senado de la República, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) entregó una serie de datos que deben llamar la atención. Por ejemplo, señaló que la inversión pública apenas representa un 11 por ciento del PIB y que la inversión global apenas abarca un 22 por ciento del PIB, cuando debería estar en un 35 por ciento, por lo menos. En otras palabras, existe un nivel muy bajo de inversión productiva del Estado.
Privilegios, dispendio y corrupción se han convertido en una de las más importantes fuentes de estancamiento económico en nuestro país.
El saqueo institucionalizado en México adquiere muchas formas.
El erario es visto como una gran piñata, de la que cada funcionario o grupo político extrae grandes beneficios.
No es precisamente en el mercado donde se han forjado muchas de las grandes fortunas. Es al amparo del poder político, del aparato del Estado, como se han conformado varios de los grandes capitales.
El funcionario público en México es un potencial empresario. La gente identifica casi como sinónimos las palabras político y millonario.
Muchos de los funcionarios (legisladores, gobernantes o juzgadores) consideran que su paso por el servicio público debe reflejarse en un salto en sus condiciones materiales de existencia y hasta en una segura reproducción de riqueza personal por el resto de sus vidas.
La expresión "servicio público" pierde sentido totalmente. No se busca servir sino servirse.
Esto que pareciera ser un juicio moral es, sin embargo, una crítica de economía política también. El Estado, a final de cuentas, resulta saqueado, y por lo tanto, impedido de realizar plenamente su función de agente promotor del desarrollo económico de México.
Se calcula que por privilegios de los altos mandos de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y de los órganos autónomos se pierden más de 300 mil millones de pesos. Y también se van, por lo menos, otros 500 mil millones de pesos por la corrupción.
Si esos recursos, o cuando menos una parte, se canalizaran directamente a la inversión productiva, a la creación de infraestructura, al impulso de una política industrial, mucho avanzaríamos en el repunte económico de México.
Llevamos ya 30 años de un crecimiento de apenas un 2 por ciento anual en promedio. Estamos obligados a buscar nuevas rutas para recuperar el camino del crecimiento económico.
La idea de aumentar impuestos para obtener recursos adicionales que se destinen a la inversión productiva se ha ensayado ya y los resultados han llegado a ser paradójicos. El aumento de impuestos en condiciones de bajo crecimiento llega a tener consecuencias recesivas, pues inhibe el consumo o el empleo.
Por todo lo antes dicho, tiene sentido económico la política de austeridad republicana anunciada por el próximo gobierno, que ha empezado a aplicarse por la nueva Legislatura, y que se expresa en el plan del Congreso de la Unión y en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Se trata de destinar mayores recursos a la inversión productiva, pero sin afectar al sector económico, de obtener más recursos, pero sin exprimir más a las empresas.
Se trata de tener un presupuesto mayor para el gasto productivo y en infraestructura (refinerías, ferrocarriles, aeropistas, caminos, red hidráulica, etcétera) pero obtenido del propio Estado, sin pegarle al sector privado, para permitir y ayudar a que este también pueda invertir más recursos para el desarrollo industrial, la productividad y la infraestructura del país.
Tal como lo pensaban los liberales mexicanos del siglo XIX, fueros y privilegios se han constituido en un dique que impide liberar el potencial económico de México.