Despertador

Magistrados electorales: periodos a capricho

Algunos senadores del grupo parlamentario mayoritario han presentado una iniciativa de reformas para recortar el periodo de los magistrados. Podría parecer justa esta pretensión, sin embargo, se pueden observar varios inconvenientes.

Existe una iniciativa legislativa, presentada recientemente en el Senado, para recortar el periodo de dos magistrados electorales federales con el objeto de que concluyan sus funciones el próximo mes y sus sucesores sean designados por el Senado.

Se afirma que así se retomarían los tiempos para los cuales fueron electos originalmente y que fueron ampliados indebidamente por el Congreso de la Unión un par de años antes de las elecciones federales del 2018.

El propio partido Morena impugnó la ampliación de dichos periodos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, con la reforma constitucional de 2007 se estableció el escalonamiento en la designación de los magistrados electorales.

En 2008 se presentó en el Senado la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicha reforma dispuso en su artículo cuarto transitorio lo siguiente:

"II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025".

El 20 de octubre de 2016, el Senado tomó protesta a los 7 Magistrados designados bajo la temporalidad señalada en el párrafo anterior.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, es decir, inmediatamente después, diversas senadoras y senadores presentaron una iniciativa para reformar el citado artículo cuarto transitorio con el objeto de ampliar el periodo de los nuevos magistrados de la siguiente manera:

"a) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023;

b) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024"

En noviembre de 2016 se aprobaron las reformas para establecer los nuevos plazos.

Estas modificaciones fueron impugnadas por Morena y el PRD a través de acciones de inconstitucionalidad, para reclamar el respeto a los periodos establecidos originalmente.

La Suprema Corte desechó las acciones de inconstitucionalidad y convalidó la ampliación del periodo de cuatro Magistrados electorales de la Sala Superior, declarando constitucionales las reformas realizadas.

Ahora, tres años después, algunos senadores del grupo parlamentario mayoritario han presentado una iniciativa de reformas para recortar el periodo de los magistrados y regresar a los plazos originalmente planteados.

En apariencia, podría parecer justa esta última pretensión. Sin embargo, se pueden observar varios inconvenientes.

En primer lugar, la controversia por los periodos de ejercicio de los Magistrados llegó hasta el máximo tribunal del país y fue resuelta en su momento declarándose constitucionalidad de la ampliación del plazo.

En segundo lugar, volver a modificar dichos periodos afecta drásticamente la certidumbre jurídica pues coloca los nombramientos en una zona de estabilidad cero. En cualquier momento podrían ser modificados otra vez tales periodos. Si en su momento fue condenable la ampliación de los periodos ahora sería condenable también la reducción de los mismos, pues en ambos casos se trata de decisiones políticas sujetas al capricho y vaivenes de las fuerzas políticas, sus necesidades inmediatas y los cambios constantes en las correlaciones.

Y tercero, afecta la credibilidad de la fuerza política mayoritaria estar promoviendo cambios en las leyes para colocar Magistrados, Ministros o toda clase de servidores públicos, tratando de incidir en sus decisiones, o para acomodar sus periodos a sus necesidades políticas.

Por todo ello, no parece buena idea la reciente iniciativa comentada.

COLUMNAS ANTERIORES

Mejorar la escuela pública
Los datos duros de la Ciudad de México

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.