A tres semanas de que concluya el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio, se han resuelto puntos fundamentales de la agenda legislativa como: la Ley de Austeridad Republicana, la prohibición de la condonación fiscal, la penalización de la facturación falsa, la revocación de mandato, las leyes secundarias derivadas de la Reforma Educativa, el etiquetado en la comercialización de alimentos industrializados, la reforma para crear el Instituto de Salud y Bienestar (INSABI), la Ley de Protección del Maíz Nativo y el paquete económico que forman la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, aún con la trascendencia de la agenda resuelta hay todavía pendientes importantes que decidir en estos últimos días.
Para empezar, está el tema relacionado con el fuero y la inmunidad presidencial. Esa reforma busca ampliar los delitos por los cuales puede ser juzgado el Presidente.
También falta la reforma constitucional y legal para disminuir a la mitad las prerrogativas económicas de los partidos políticos. Si en todos los órganos políticos se está reduciendo el gasto, obviamente los partidos también tienen que poner su parte.
En el terreno de reformas políticas y del Estado debe mencionarse, igualmente, la creación de un Tercer Período Ordinario de Sesiones o la ampliación de los ya existentes, a efecto de darle el tiempo y el espacio al trabajo del Poder Legislativo en una época de numerosos cambios.
Además, sigue pendiente un conjunto de reformas relativas al bienestar social. Por ejemplo, en el Artículo 4° de la Constitución debe plasmarse el concepto de Estado de bienestar social, así como el derecho de acceder a los servicios públicos y gratuitos de salud.
Faltan las leyes que amparen como derechos los nuevos programas sociales masivos o universales instrumentados por el actual gobierno de la República.
Es el caso de la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, las becas a estudiantes preparatorianos y universitarios, así como los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.
En ese mismo sentido, es necesario que la Cámara de Diputados apruebe la minuta que le fue enviada por el Senado para incorporar los principios de universalidad y progresividad a la Ley General de Desarrollo Social.
Asimismo, está planteada una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que el salario mínimo nunca aumente por debajo del índice inflacionario.
También deben concretarse diversos nombramientos como el de la titular de la Comisión de Atención a Víctimas, una ministra de la Corte y consejeras y consejeros de la CNDH.
Hay otros temas que no tienen plazos tan precisos para su aprobación, pero son sumamente relevantes. Entre ellos está todo lo relacionado con la regulación del llamado outsourcing, reforma que complementaría las decisiones que ha tomado el Poder Legislativo en materia de condonación y facturación falsa.
También, deben discutirse las reformas político-electorales que permitan eliminar la lista plurinominal en el Senado y reformular la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
En estas mismas páginas escribí hace un año sobre los nuevos retos del Poder Legislativo y sostuve en aquel entonces que la gente decidió el 1° de julio del año pasado no solo cambiar al gobierno, sino también al Poder Legislativo y que el mandato de las urnas fue transformar todo. La amplitud en el cambio de correlación de fuerzas en el congreso federal y los congresos locales nos indica que el mandato fue cuasi constitucional.
Todo proceso de cambio es portador de una propuesta jurídica. La Independencia se reflejó en la Constitución de 1824; la Reforma, en la Constitución de 1857 y, sobre todo, en las Leyes de Reforma; la Revolución Mexicana, en la Constitución de 1917.
Si el Poder Legislativo actual no pierde el ritmo y la profundidad de sus decisiones, el conjunto de determinaciones que se están tomando podrán llegar a representar una nueva constitucionalidad, las Leyes de Reforma de nuestros días, las Leyes Constitucionales de la 4T.