El autor es Senador de la República
Las encuestas pueden servir para saber a quién quiere el pueblo como representante de un distrito, una ciudad o un país. Pero sólo si se cumplen ciertas condiciones. Dos ejemplos del 2012 lo demuestran.
Comencemos por el acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Ambos decidieron definir con una encuesta la candidatura presidencial del bloque progresista para el 2012. Nadie se los impuso. Consideraron que el más posicionado podría enfrentar en mejores condiciones a las otras fuerzas políticas.
Ninguno de los dos colocó publicidad desbordada como espectaculares, vallas o parabuses. Uno recorrió intensamente el país. El otro proyectó su perfil como gobernante.
En el momento indicado cada uno propuso a una empresa encuestadora. Ninguna les fue impuesta. Las empresas se apoyaron en dos elementos para tomar su decisión. Por un lado midieron las opiniones positivas y negativas de los aspirantes. Por otro, midieron el conocimiento de los aspirantes por la población.
En la medición cualitativa los aspirantes salieron más o menos parejos y en la medición cuantitativa fue donde tomó ventaja López Obrador.
Esas encuestas midieron implantación y preferencia, es decir, el posicionamiento.
Al mismo tiempo, en la acera de enfrente, también utilizaban las encuestas, pero de manera distinta. Enrique Peña Nieto contrató a casi todas las encuestadoras para influir poderosamente en el imaginario social y construir la percepción de que llevaba una gran ventaja. Así ganó la batalla interna, primero, y se dispuso a ganar la contienda constitucional, después.
Todos los días aparecían encuestas que ponían a Peña Nieto en las nubes. Pero no medían la opinión ciudadana, sino el dinero que lo respaldaba.
El caso más escandaloso fue el de GEA-ISA, que realizó una encuesta diaria durante meses y la tendencia en sus números no varió nunca: una ventaja de 20 puntos de Peña Nieto sobre López Obrador, ventaja que nunca fue real como lo demuestran las encuestas que hizo el propio equipo de AMLO y el propio resultado oficial de la elección.
En las encuestas de GEA-ISA llamaron la atención tres cosas. Primero, la magnitud de recursos para realizar una encuesta nacional diaria. Segundo, la amplitud de la ventaja. Y tercero, la falta de modificación en los resultados cuando la competencia se cerró al final de la campaña.
Esas encuestas no servían para saber a quién quería el pueblo como dirigente del país. En realidad indicaban cuánto dinero estaba invertido en el proceso.
Peña Nieto gastó fuertes sumas de dinero en tres momentos. Primero en la publicidad onerosa que sustituyó la falta de implantación territorial y logros gubernamentales. Después en la contratación de empresas encuestadoras con todo y resultados. Y finalmente, en la compra de votos para sostener una base que se reflejara en encuestas y urnas.
Hace unos días, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, subió a sus redes un caso similar: la primera plana de un periódico que mostraba una encuesta en la que aparecían los candidatos del MAS y su oponente de la derecha empatados en un 27 por ciento de intención de voto, cuando las urnas les dieron, días después, 55 por ciento al primero y 30 al segundo.
Ahora que Morena se enfila hacia el proceso electoral federal y por estatuto, aquí sí, debe escoger sus candidaturas por encuesta, es importante que reflexione su camino a seguir.
Las encuestas pueden ser un buen instrumento para saber a quién quiere el pueblo, siempre y cuando no intervenga el factor del dinero.
Si Morena realiza sus propias encuestas, como lo hizo entre 2014 y 2018, puede tener mediciones objetivas. Si contrata a empresas encuestadoras privadas entonces será difícil saber lo que realmente quiere el pueblo.
La experiencia del 2012 demostró que en el mercado encuestador se puede contratar a empresas encuestadoras con todo y resultado ganador.