El autor es Senador de la República
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, rechaza tener responsabilidad en la muerte de Giovanni López, en la represión de las manifestaciones que exigieron justicia para Giovanni y en las desapariciones de jóvenes que participaron en estas.
Pero su responsabilidad es clara. Alfaro construyó el clima de autoritarismo, que dio lugar a dichos acontecimientos, con un conjunto de decisiones formales, aunque no legales, de su gobierno.
El 19 de abril, mediante un videomensaje publicado en sus redes sociales, anunció sanciones a la población de Jalisco que no cumpliera el confinamiento para prevenir el contagio del Covid-19:
"El gabinete de salud y el de seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán el carácter de obligatorio y quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que quien sí está acatando estas medidas pague porque unos no lo hacen. Lo que está en juego es la vida de todos. El mensaje es claro, por el bien de todos: tolerancia cero".
En ese mensaje el gobernador anuncia: "El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito: obligatorio".
E instruye: "Serán las autoridades municipales las encargadas, las responsables, de verificar el cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria".
Asimismo, señala que medidas y sanciones serán publicadas ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. En dicho acuerdo se establece en el numeral I que: "Toda persona que se encuentre en el territorio del Estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable".
También remite a la Ley de Salud del Estado de Jalisco para conocer las sanciones anunciadas:
"Artículo 345.
1. Las sanciones administrativas podrán ser:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas."
Con ello, Alfaro crea las condiciones para el destino trágico de Giovanni López, albañil de 30 años de edad del municipio de Ixtlahuaca de los Membrillos, Jalisco. Los presuntos responsables del asesinato son policías municipales, pero cumplieron una instrucción pública del gobernador para vigilar y sancionar el uso obligatorio del cubrebocas.
El mensaje del gobernador es parte de una búsqueda ansiosa por contrastar con el gobierno de la República, al que acusó días antes de impedir la entrada de las llamadas "pruebas rápidas" para evitar que se supiera la verdad sobre el Covid-19. Luego anunció que en realidad el proveedor le había quedado mal y no las entregó.
En sus redes sociales, Alfaro ha criticado las acciones del gobierno federal asegurando que se actuó tarde, pero que Jalisco se adelantó y actuó de manera correcta. Sin embargo, al corte del sábado 6 de junio, Jalisco es la tercer entidad con más casos confirmados activos. Ni su supuesta actuación oportuna, ni las pruebas rápidas que no llegaron, ni sus reiterados ataques al gobierno federal, ni las medidas de excepción, han logrado parar la pandemia y proteger a la sociedad jalisciense de una manera distinta que el resto del país.
El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la única persona autorizada para decretar medidas de excepción y suspensión de garantías individuales es el Presidente de la República con aprobación del Congreso de la Unión.
La responsabilidad de Alfaro es clara: engendró un ambiente autoritario con sus instrucciones a los gobiernos municipales y a la fuerza pública; instrucciones, por cierto, sin soporte jurídico constitucional.
Lo dije antes y lamento reiterarlo: el autoritarismo no es solución a los problemas.