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La disputa por la electricidad

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La disputa por la electricidad

08/02/2021
Actualización 08/02/2021 - 15:06

Hay pocos asuntos económicos que suscitan tanta pasión en la clase política como la cuestión eléctrica.

El sexenio de Carlos Salinas marca el inicio de la euforia privatizadora con su ley eléctrica que permitió parcialmente la generación de electricidad por los particulares, interpretando que tal actividad no formaba parte del servicio público. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se pretendió hacer una reforma constitucional para privatizar el conjunto de la cadena productiva del servicio eléctrico, pero no se aprobó. Vicente Fox hizo suya la reforma propuesta por Zedillo, pero tampoco logró su aprobación. No obstante, durante estos dos sexenios los negocios privados eléctricos se multiplicaron y la generación de electricidad por el Estado fue cediendo aceleradamente su espacio a empresas trasnacionales, especialmente españolas. Incluso se recurrió al atrevimiento de traer al entonces rey de España, Juan Carlos I, al Congreso mexicano a abogar directamente a favor de la privatización eléctrica. Con Felipe Calderón la relación con las compañías trasnacionales se estrechó aún más. Los amigos y colaboradores de Calderón se convirtieron en altos ejecutivos de los órganos reguladores de energía y después, incluido el propio Calderón, en altos ejecutivos de las empresas trasnacionales eléctricas españolas. Finalmente, con Enrique Peña Nieto se consumó la contrarreforma energética, que abarcó incluso hasta el petróleo.

Es un proceso en el que encontramos las causas de la desbordada pasión de muchos políticos mexicanos en el tema. Por un lado, se trata de una privatización forzada. El país no necesitaba comprar la electricidad de las trasnacionales. La empresa pública fue impedida de generar la electricidad que requería el país y fue obligada a comprar cuotas cada vez más elevadas a las empresas trasnacionales.

Por otro lado, y este es el quid de la cuestión, muchos políticos se convirtieron en socios, accionistas, gerentes, dueños, inversionistas, de los grandes negocios eléctricos privados auspiciados por los procesos de privatización forzada. Las negociaciones entre los partidos dominantes en aquella época no fueron sólo ideológicas o programáticas, fueron también económicas.

En ese proceso se buscó convertir al gobierno en un simple árbitro para repartir el negocio eléctrico entre grandes agentes privados y, en una suerte de prevaricato, en un instrumento contra las propias empresas del Estado.

Además, se construyó un discurso ideológico de libre mercado alrededor de la actividad eléctrica que penetró en las más altas esferas del Estado. Hay quienes hoy en día hablan de la libre competencia en materia eléctrica.

Sin embargo, la Constitución aún dice otra cosa.

Artículo 28:

  • “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: … la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica” .
  • “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo” .
  • “El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley”.

La iniciativa enviada por el Presidente es acorde con la Constitución y con las necesidades nacionales. No prohíbe la participación privada en el sector eléctrico, pero sí le da preferencia a la energía producida en hidroeléctricas de la empresa pública (Comisión Federal de Electricidad). Eso sí, afecta evidentemente a grandes intereses privados, nacionales y extranjeros, que crecieron, bajo el manto protector del poder político, a costa de disminuir artificialmente a la CFE. Eso es lo que hoy suscita renovadas pasiones de aquellos personajes políticos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.