Detrás de las sonoras escaramuzas que rodearon el nombramiento de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) existe una disputa de fondo, una disputa por el proyecto nacional.
Los supuestos malos desempeños en las comparecencias, el rechazo de la oposición a las ternas, la descalificación sumaria de todos los aspirantes, las ofensas, las orejas de burro, la presión para incorporar otros nombres, la negativa para los acuerdos, la exigencia de presentar una controversia, el amago del amparo, la acusación de las firmas, en fin, todo eso, no es sino el conjunto de manifestaciones de un intento por evitar un cambio de orientación en las políticas energéticas.
No es casual que estos nombramientos son los únicos de todos los que le ha tocado resolver al Senado que no se concretaron en el órgano legislativo. Grados militares, magistrados electorales locales, magistrados electorales federales, consejeros del INAI, titular de radiodifusión pública, titular de Notimex, consejeras de la CNDH, ministro y ministra de la Corte, fiscal general de la República, secretarios de Estado, subsecretarios de Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules, es decir todos los nombramientos y ratificaciones han salido airosos, todos menos unos... los de la CRE.
¿Por qué hubo acuerdos en todos? ¿Por qué se lograron las dos terceras partes en todos? ¿Por qué se llegó a acuerdos hasta en los que parecían imposibles? ¿Por qué en este caso no?
Porque éste es uno de esos casos que quedaría perfectamente encuadrado en lo que se ha llamado economía concentrada. "La política no es otra cosa que economía concentrada", es una frase que se atribuye a Lenin. La frase es certera, sobre todo en casos como este.
En la CRE se gestionaron durante años enormes negocios energéticos privados entrelazados con intereses políticos.
Mientras las empresas energéticas públicas eran abandonadas, saquedas y endeudadas, crecían importantes redes de inversiones de particulares en las que tenían injerencia directa personajes encumbrados en el poder político.
En la CRE se deciden permisos para instalar gasolineras, construir plantas de gas, comprar vehículos para trasladar el energético, etcétera. De esta comisión dependen muchas autorizaciones para la apertura de negocios.
Todo esto explica por qué en otras épocas fueron nombrados en la CRE, en la Secretaría de Energía y en otras responsabilidades energéticas exsecretarios particulares, hijos de secretarios de Estado, expresidentes de la Coparmex y hasta personajes con nivel de estudios de secundaria.
Sin embargo, los que en otros tiempos tenían el gobierno para proponer nombramientos y la mayoría legislativa para ratificarlos, hoy no tienen ni el uno ni la otra.
La opción que ganó el gobierno ha procedido ahora a realizar los nombramientos correspondientes.
Hay una nueva estrategia para el sector energético. No tiene nada de raro. Hubo discursos opuestos en esta materia durante la campaña electoral y la ciudadanía optó por el cambio. Lo extraño y criticable sería que hoy se avalara a los mismos equipos, perfiles y proyectos de la etapa neoliberal.
El nuevo gobierno tiene el reto de mantener viva la inversión privada ya existente en el sector y de rescatar, al mismo tiempo, a las empresas energéticas públicas que los antiguos integrantes de la CRE buscaron aislar y ahogar.
Y desde luego, los nuevos miembros de la CRE tendrán que poner su esfuerzo y talento en juego para coadyuvar de manera decisiva a erradicar la corrupción que se da en una gran cantidad de contratos, concesiones y permisos.
La disputa por la CRE no es de formas ni de firmas; no es técnica ni de perfiles. Es una disputa por el proyecto de nación, entre las concepciones que no quieren terminar de irse y las que van llegando.