La batalla por la salud
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La batalla por la salud

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La batalla por la salud

13/01/2020

Hay un debate abierto sobre el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi). Es un debate que toca muchas aristas, burocráticas, presupuestales, operativas, etc. Pero es sobre todo, un debate político-ideológico.

Es curioso que en este debate no participan solo las fuerzas políticas, sino que intervienen enjundiosamente también una parte del sector privado y algunos medios de comunicación.

Hay una crítica muy fuerte de medios, entes privados y actores políticos, especialmente gobernadores, a la desaparición del Seguro Popular y al nuevo sistema de salud pública.

El Seguro Popular surge como respuesta de política pública dirigida a las personas que carecen de los servicios de salud proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM).

Sin embargo, el modelo del Seguro Popular, creado durante la administración del presidente Vicente Fox, y en el marco de la instrumentación de la política social neoliberal, tenía ciertas características negativas que fueron señaladas desde un primer momento.

En primer lugar, estableció un mecanismo de afiliación. Así, se impidió la posibilidad de abarcar de manera universal al conjunto de la población no asegurada en las instituciones.

En segundo lugar, se condicionó la afiliación del posible beneficiario a la aportación de pagos que lo hicieron corresponsable del financiamiento del sistema.

En tercer lugar, el Seguro Popular restringió la cobertura de enfermedades, dejando muchas de éstas sin atención.

En cuarto lugar, el servicio de medicamentos se redujo a solo un cuadro básico.

En quinto lugar, la atención médica no incluyó expresamente las cirugías.

Y en sexto lugar, el Seguro Popular no generó nueva infraestructura pública. Antes bien, se apoyó en un sistema de subrogación de servicios por medio del cual los recursos de la Federación, los estados y los beneficiarios, se utilizaron para contratar servicios de los hospitales privados, originándose así redes de intereses de grupos económicos dedicados a los temas de salud.

Cuestionado por todas esas razones, el Seguro Popular estaba en la mira, de manera explícita, del nuevo gobierno de la República. Nadie se debe sorprender de su eliminación. El hoy Presidente de México, pasó años enteros diciendo que “el Seguro Popular ni es seguro ni es popular”.

Es por ello que para sustituirlo, el titular del Ejecutivo federal propuso al Congreso de la Unión una reforma por la que se crea el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) y cuyas características principales son, entre otras, las siguientes:

•Atención abierta y universal a todas las personas que carecen de protección de alguno de los institutos de seguridad social, sin necesidad de afiliarse a ninguna institución.

•Gratuidad de dichos servicios de salud, eliminándose los pagos de cuotas.

•Facilidad para obtener los servicios aún sin acta de nacimiento e incluso para personas migrantes.

•Sustitución del cuadro básico de medicamentos por un compendio nacional de medicamentos.

•Incorporación expresa de los servicios quirúrgicos.

En otras palabras: servicio público de salud integral, universal y gratuito.

Las resistencias al nuevo modelo han llegado por varias partes: administradores del Seguro Popular, hospitales privados beneficiados por la subrogación, personal directivo de los servicios, creadores del Seguro Popular e ideólogos de la privatización de la política social.

Todos ellos han puesto el grito en el cielo con preguntas como éstas: ¿Cómo se va a atender a tanta gente? ¿Cómo se van a pagar los tratamientos más caros? ¿Cómo se va a informar?

No les gusta que la salud sea considerada como derecho de la población y obligación del Estado. No admiten que el Estado gaste más recursos en salud. No quieren permitir que el sector privado de la salud pierda mercado. No quieren que se rompan los negocios entre gobernadores y sector privado.

La tarea del gobierno, ahora, es informar para enfrentar resistencias y desarrollar con eficacia el nuevo modelo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.