El autor es Senador de la República
El Instituto Federal Electoral nació a principios de los años 90 como respuesta a las protestas postelectorales de 1988.
Hasta ese año, las elecciones constitucionales eran organizadas directamente por el gobierno federal.
Esta disposición se desprendía de la naturaleza autoritaria de un sistema de partido de Estado.
Estado, gobierno y partido se confundían en un conjunto unificado de circuitos institucionales sin más fronteras que las formales.
El gobierno organizaba las elecciones para garantizar la continuidad de la hegemonía del partido de Estado.
Los organizadores eran del partido de Estado y operaban para el partido de Estado.
Solo el partido de Estado tenía fuerza competitiva, pues estaba cimentado en las estructuras del Estado. Los demás partidos tenían escasa implantación territorial.
Sin embargo, eran realizadas todo tipo de prácticas defraudatorias, como el relleno de urnas, el acarreo de votantes y la falsificación de la papelería electoral. El partido de Estado buscaba no solo ganar, sino arrasar.
Pero ahí donde se daban procesos competitivos, las prácticas defraudatorias no servían para arrasar, sino para robar la elección.
En 1961, el operativo defraudatorio despojó de la victoria a Salvador Nava en San Luis Potosí. Lo mismo ocurrió en 1975 contra Alejandro Gascón Mercado en Nayarit. Y en 1983, en el municipio de Juchitán, Oaxaca, contra de Leopoldo de Gyves. Entre 1984 y 1986, se realizaron fraudes electorales en Sinaloa, Sonora, Coahuila y Chihuahua, en contra de candidatos postulados por el Partido Acción Nacional.
Aunque se habían dado denuncias de fraude electoral en comicios presidenciales, como el de 1952, en 1988 ocurrió la más grande denuncia realizada hasta entonces, sostenida por todos los partidos políticos de oposición.
La credencial de elector con fotografía, así como el órgano electoral autónomo, fueron la respuesta del sistema a las protestas postelectorales.
En teoría, con esas decisiones tendrían que haber desaparecido los fraudes electorales, pero no fue así.
En 1991 se denunciaron fraudes electorales en Michoacán y Tabasco contra el PRD, en Guanajuato contra el PAN y en San Luis Potosí contra la alianza que postuló a Salvador Nava.
El fraude electoral no desapareció. Pero el régimen reconoció los triunfos del PAN que pasaran por el filtro de un pacto previo.
Las reformas ocurridas entre 1994 y 1996 tendieron a fortalecer la autonomía del IFE y el sistema de partidos. Sin embargo, la renovación en la composición del Instituto fue decidida en la Cámara de Diputados en correspondencia con una correlación de fuerzas dominada por el PRI y el PAN. Aún así, se incorporaron propuestas de la izquierda, por vez primera.
En 1997, se reconoció el triunfo de la izquierda en la Ciudad de México y en el 2000 se reconoció el triunfo del PAN en la elección presidencial.
Parecía que se consolidaba una tendencia democratizadora, pero en la renovación de la composición del IFE, ocurrida durante el sexenio de Vicente Fox, la izquierda fue excluida del acuerdo. PRI y PAN pactaron la nueva integración.
En 2006 se denunció otra vez un fraude electoral, apuntalado por el IFE, para imponer un Presidente de la República. Y en 2012 ocurrió el más elevado gasto que se haya visto en una elección, del que el IFE guardó silencio primero, para después avalarlo.
La transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral no produjo cambio alguno en su composición política. Sus integrantes fueron propuestos y electos por el PRI y el PAN.
Ahora que el INE adopta por primera vez en su historia un discurso crítico hacia el gobierno federal, no parece que eso exprese una convicción a favor de la autonomía o la limpieza electoral. Más bien se percibe la vieja identificación que su Consejo General ha tenido con el PRI y el PAN.