El primer informe del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, levantó una fuerte expectativa. Aun cuando es el tercer informe que da, porque presentó uno a los 100 días de su gobierno y otro más al cumplirse un año de su victoria electoral (el 1 de julio), este es el primer informe constitucional.
El documento leído por el Presidente en el Palacio Nacional enumera detalladamente muchos de los cambios ocurridos a lo largo de los primeros nueve meses de gobierno. Entre ellos destacan todos aquellos que tienen que ver con la eliminación de privilegios de la clase política, la lucha abierta contra la corrupción y las cuestiones relacionadas con el bienestar social. Estos tres grandes rubros engloban los logros más sobresalientes de la actual administración.
En el primer caso se encuentran: la transformación de la antigua residencia presidencial de Los Pinos en un espacio cultural abierto a la gente dejando de ser un símbolo de la opulencia del poder político, la baja de los salarios del Presidente y los altos servidores públicos, la eliminación de los bonos y de los seguros de gastos médicos con cargo al erario, la puesta en venta del avión presidencial, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y la reincorporación de sus elementos al Ejército Mexicano, la cancelación de las pensiones millonarias de los expresidentes, entre algunas de las medidas más simbólicas.
En el segundo tema han destacado asuntos como la planta de fertilizantes compradas a AHMSA, el affaire Juan Collado, las investigación de la Estafa Maestra y señaladamente la ofensiva contra la red de corrupción y delincuencia montada para robar combustible a Pemex, entre otros.
En el tercer rubro destaca la nueva política salarial que inició con el mayor aumento al salario mínimo en 36 años, el más grande incremento al salario general en tres sexenios, la creación de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, Benito Juárez, la apertura de nuevas universidades, la beca para personas con discapacidad o el programa Sembrando Vida para trabajadores del campo, por poner algunos ejemplos.
Estos temas que mencionamos, especialmente el primero, relativo a la eliminación de privilegios de la clase política, hubieran sido inimaginables en otras administraciones y con otras fuerzas políticas en el gobierno. Los cambios han ocurrido en tan solo unos meses. En los hechos, han constituido una especie de redistribución de la riqueza, porque los gigantescos recursos que antes recibía la clase política se han trasladado a los programas sociales.
También se ha recuperado la supremacía de lo público y la centralidad del poder político emergido del voto ciudadano frente a la antigua fuerza de los poderes fácticos.
Ahora bien, hay pendientes importantes; rubros en los que se ha trabajado intensamente, pero que aún no reportan grandes resultados. Especialmente tenemos que mencionar aquí el problema de la seguridad pública, otro pendiente es el relacionado al crecimiento económico.
Sin embargo, en materia económica y social vale la pena hacer varias reflexiones de fondo.
En primer lugar, llama la atención la sólida estabilidad económica: el peso frente al dólar, la tasa de inversión extranjera, la inflación, el índice de confianza del consumidor, el comportamiento de la Bolsa de Valores; todo ello y más, funciona con números negros que envidiarían los economistas ortodoxos más críticos del populismo.
En segundo lugar, es plausible que el Presidente haya cumplido promesas tan complejas de lograr cómo no aumentar impuestos, no subir el precio del gas y la luz, no aplicar gasolinazos y otros relacionados con cuidar la economía nacional, la economía de las empresas, y sobre todo, la economía de las familias.
Y en tercer lugar, e interesante la vitalidad que está mostrando la economía popular, en la que se vive un repunte de las ventas minoristas y el aumento del consumo popular fortalecido con las remesas, los salarios y los programas sociales.