Doblaje, cultura y derechos
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Doblaje, cultura y derechos

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Doblaje, cultura y derechos

17/02/2020

La propuesta de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas para la redacción del artículo 8 de la Ley de Cine, relativa al doblaje, aceptada por la Asociación Nacional De Actores, representa el primer aterrizaje para lograr consensos en torno a la iniciativa conocida como Ley de Doblaje.

De hecho, en las oficinas de la propia AMACC, confluyeron los diversos factores del mundo del cine mexicano: AMACC, IMCINE, MOCCAM, SOGEM y ANDA para dar cuerpo a mesas de trabajo específicas sobre los diversos temas que abarca la iniciativa en cuestión.

Y es que la llamada Ley de Doblaje plantea reformas a la Ley de Cine, pero también a las legislaciones de Derechos de Autor, de Comunicaciones, del Trabajo y de Cultura y Derechos Culturales.

Los temas que toca podrían manifestarse como económicos, autorales, culturales y laborales.

En el debate cultural se han expresado algunas de las opiniones más tajantes, cuyo trasfondo en realidad es otro. Por ejemplo, de manera reiterada se ha rechazado el doblaje con el argumento de que así se defiende la obra original. Pero en esa formulación hay una falacia. En México no se exhiben películas extranjeras en su formato original. Todas son traducidas al español, ya sea oralmente o por escrito. Es decir, dobladas o subtituladas.

Ciertamente, el doblaje constituye una modificación de la obra que afecta el audio original. Pero el subtitulaje también es una modificación que altera la fotografía original. Y el cine, si bien es sonido, es sobre todo imagen.

La obra extranjera no viene con voces al español, que impiden conocer las inflexiones de la actuación en el idioma original, pero tampoco con letras encima, que impiden observar la creación fotográfica completa, ya sea porque tapan muchos detalles o porque obligan al espectador a concentrarse en la lectura.

La traducción oral o escrita permite, sin embargo, el acceso masivo al disfrute de la obra cinematográfica extranjera, que de otra manera sería ininteligible para la gran mayoría de los espectadores.

El doblaje, a su vez, tiene ventajas sociales adicionales que permiten la comprensión y disfrute del cine extranjero por parte de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas que no saben leer y escribir o con alguna debilidad visual, aún sea esta moderada.

Pero eso significa también un impacto cultural: más español hablado, contrapeso nada desdeñable en un mundo que se encuentra bajo la hegemonía anglosajona.

Por eso, en el fondo, las objeciones al doblaje son más económicas que culturales: quién lo va a pagar, en qué instalaciones se va a proyectar, qué va a pasar con el espacio para el cine mexicano, etc.

De estas objeciones debe recogerse una muy importante: cómo abrimos más espacio al cine mexicano. Pero esa lucha no debe verse en oposición al doblaje, sino como exigencia a las empresas que controlan hoy en día la exhibición de las películas, refractarias a cualquier otro idioma que no sea el inglés.

El doblaje, por otra parte, tiene también una virtud creativa poco valorada en el debate: recrea las emociones y adapta las situaciones al humor y las referencias locales. Es toda una actuación de conjunto.

Ahora bien, no dejemos de observar los aspectos propiamente laborales de esta batalla que libra la comunidad de actores y actrices de doblaje. Sus condiciones materiales de trabajo son precarias, en cabinas sin ventilación donde actúan simultáneamente varios actores, muchas veces, o de plano en cuartos sin las características apropiadas. Se les obliga a transferir sus regalías a empresas productoras al momento de firmar contratos laborales. Carecen de prestaciones adicionales y tienen pagos ínfimos. Hay competencia desleal de empresas fantasmas que no están registradas fiscalmente.

Por eso, la propuesta legislativa que ha presentado la ANDA en materia de doblaje, expresa un compromiso con la cultura nacional, con las causas de la inclusión social y con la solidaridad de la clase trabajadora.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.