Bajar el presupuesto de los partidos
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Bajar el presupuesto de los partidos

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Bajar el presupuesto de los partidos

07/09/2020

El autor es Senador de la República

Es bueno que exista el presupuesto público para los partidos, pues sin este la política se privatizaría. Sólo las oligarquías económicas podrían organizar partidos. Y todos los integrantes de las cámaras legislativas serían representantes de poderosos grupos económicos.

Sin embargo, también es necesario reducir el costo económico del poder político para poder ampliar el gasto social y productivo. Y eso implica reducir el presupuesto destinado a los partidos.

Ya como parte del proceso de la 4a Transformación, diversos órganos del Estado han reducido sus presupuestos a partir de planes de austeridad. Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal redujo su presupuesto en un 20 por ciento y la Presidencia de la República en un 75 por ciento.

Muchos órganos públicos, en los tres niveles y los tres poderes, así como organismos autónomos, han reducido sus gastos con alcances y porcentajes diferentes.

Por eso desde hace dos años se planteó la reducción de las prerrogativas económicas de los partidos políticos.

Sin embargo, a pesar de que en general han avanzado las medidas de austeridad republicana, en el caso de los partidos no ha ocurrido.

Esto se debe a que el presupuesto de los partidos está determinado por una fórmula contenida en el artículo 41 de la Constitución: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Esta fórmula dio lugar a un presupuesto federal de cinco mil millones de pesos para los partidos en 2020.

A este presupuesto federal se agrega un presupuesto local, del que se habla poco, pero que alcanza otros cinco mil millones de pesos y está determinado por una fórmula contemplada en la legislación secundaria y no en la Constitución.

Es decir que en el 2020, los partidos habrán recibido 10 mil millones de pesos en total. Y se espera que para el 2021, por la naturaleza electoral de ese año, el financiamiento a los partidos sume hasta 14 mil millones de pesos, considerando prerrogativas federales y locales.

Evidentemente, el impacto socioeconómico negativo de la pandemia del Covid-19 ha llevado a poner nuevamente sobre la mesa el tema de la austeridad republicana. En el Gobierno federal y en diversas instancias públicas hacen esfuerzos adicionales para apretarse el cinturón.

Sin embargo, nuevamente aparece la excepcionalidad de los partidos. Se pueden reducir los presupuestos en todas partes, menos en los partidos políticos, pues el suyo está protegido por una fórmula constitucional y otra legal.

Esto revela una situación extraña. ¡Pueden reducirse todos los presupuestos públicos, menos el de los partidos!

Más aún. En situaciones críticas pueden caerse el crecimiento del PIB, la bolsa de valores, el poder adquisitivo del salario, los ingresos públicos, el gasto social, la reserva de divisas y hasta los precios del petróleo. ¡Pero el presupuesto de los partidos siempre quedará intacto!

Ningún presupuesto tiene esa protección. ¡Ni siquiera el gasto social tiene una fórmula que lo proteja así! Ni el presupuesto específico para educación. Ni el salario mínimo. Sólo el presupuesto de los partidos cuenta con una protección constitucional.

Ahora que van cambiando las reglas del gasto, ahora que se adopta el paradigma de reducir el costo económico del poder político, ahora que vivimos una difícil situación económica derivada de la pandemia del Covid, ahora que escasean los recursos, ahora es el momento de poner sobre la mesa el tema de la reducción de los presupuestos a los partidos políticos. El país necesita dinero para apoyar el gasto de las familias y para financiar la recuperación de la economía. Los partidos políticos también deben cortar una flor de su jardín.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.