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Autonomías

04/03/2019
Actualización 04/03/2019 - 14:46

En el debate nacional actual, inscrito en el marco de un proceso de cambios políticos, se han presentado un conjunto de críticas a algunos órganos autónomos del Estado mexicano.

En concreto, se ha cuestionado el tipo de políticas llevadas a cabo por los órganos reguladores de energía, que han contribuido al debilitamiento de las empresas públicas energéticas, como también la naturaleza punitiva del Instituto de Evaluación Educativa. Pero otros órganos y otras autonomías no están en el debate.

Históricamente algunas autonomías surgieron de los grandes movimientos sociales por la libertad de cátedra, la limpieza electoral, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero algunas autonomías aparecieron como resultado de las grandes presiones de los mercados financieros internacionales para dificultar la rectoría económica del Estado.

Más allá de debates políticos que pueden resultar muy subjetivos para los observadores, tenemos a la vista la naturaleza jurídica de cada autonomía, que evidencia una enorme diferencia en el objeto de cada autonomía.

Comencemos con el caso de la Ciudad de México. El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México

(...)

I... El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

(...)

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local.”

Ahora bien, en relación a la autonomía de los pueblos indígenas el artículo 2o de la Carta Magna dice:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos

(...)

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno

(...)

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.”

A su vez, el artículo 3o del mismo ordenamiento, señala en relación a la autonomía universitaria lo siguiente:

“VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación...”

Pero en relación con los órganos reguladores de energía la Constitución sólo dice lo siguiente:

“El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía en los términos que determine la ley.”

Y la ley correspondiente señala lo siguiente: “Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión.”

En otras palabras: las autonomías de la capital, los pueblos indígenas y las universidades son constitucionales y para el autogobierno. En cambio, la autonomía de los órganos reguladores de energía no es constitucional, no es para el autogobierno, no es para tener independencia respecto al gobierno federal y sólo es técnica, operativa y de gestión. Luego entonces, sí hay de autonomías a autonomías.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.