Despertador

Ahora sí, reforma educativa

Martí Batres indica que la denominada 'Reforma Educativa' de 2012 era eminentemente administrativa y laboral; pero la aprobada en mayo de 2019 cuenta con un abundante contenido educativo y pedagógico.

En diciembre del 2012, apenas unos días después de haber iniciado el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya se estaba votando su primera reforma, a la que acertadamente se denominó como "la mal llamada reforma educativa".

En efecto, aún y cuando se presentó como reforma educativa, su contenido era eminentemente administrativo y laboral. Su objetivo formal fundamental era establecer un nuevo régimen de ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el sistema público de educación básica.

Y entre sus objetivos políticos estaba el sometimiento de los sindicatos magisteriales.

La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto se acompañó de fuertes acciones represivas hacia el magisterio y las comunidades que acompañaron a los maestros que protestaron contra dicha decisión.

Parecía que esta reforma "educativa" haría realidad la máxima que reza: "la letra con sangre entra".

Institucionalmente, la reforma de Peña Nieto se empeñó en crear un sistema de evaluación personal y estandarizado que no calificó al profesor frente al grupo, que no tomó en cuenta las desigualdades regionales, que no estudió los problemas alimentarios de los educandos ni la ausencia de planteles e infraestructura en muchos lugares ni los bajos salarios de los maestros.

Sin contenidos pedagógicos ni educativos, la reforma sólo sirvió para atemorizar al magisterio con exámenes de los que se derivaría su permanencia o salida de la docencia. A eso se le llamó: evaluación punitiva.

Por eso, en la reciente reforma educativa, aprobada por las cámaras federales en los primeros días de mayo de 2019, llama la atención el abundante contenido educativo y pedagógico. Podemos decir, que ahora sí estamos ante una reforma educativa.

Para empezar, por primera vez el Estado asume la obligación de impartir educación en todos los niveles, desde la inicial hasta la superior.

Se deja claramente establecida la rectoría del Estado en la educación.

Se determina que la educación pública será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Se introduce un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, libertades, cultura para la paz y honestidad en la educación.

Se reconoce a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo.

Se crea un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización docente.

Se sustituye la evaluación punitiva por la evaluación diagnóstica para la planeación.

Se sustituye el órgano evaluador por un órgano formador.

Se crea la carrera de las maestras y maestros en funciones docente, directiva o de supervisión.

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, en especial a las escuelas normales y garantizará que materiales didácticos y planteles sean idóneos para los fines de la educación.

Los planes y programas tendrán perspectiva de género.

La educación será integral e incluirá ciencias y humanidades; matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, deporte, artes, cuidado del medio ambiente y educación sexual y reproductiva.

Se impulsarán acciones alimentarias en las escuelas de educación básica de alta marginación.

La educación será inclusiva y se eliminarán barreras a través del principio de accesibilidad. Se promoverá el respeto y reconocimiento de las diferencias entre personas y comunidades.

El concepto de calidad, más asociado a la producción, es sustituido por el de excelencia, entendido como máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Se fomenta el pensamiento crítico y el vínculo entre escuela y comunidad.

Se instituye el derecho de acceder a los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica.

Y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.

En fin, ahora sí, habemus reforma educativa.

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