El autor es Senador de la República
En unos días se cumplirá un año de la histórica victoria del movimiento de transformación del país. El balance se convierte por ello en un ejercicio obligado.
Para empezar, se tiene que tomar en cuenta que el cambio político alcanzó no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. Desde ambas esferas debe realizarse el análisis.
En el caso del Poder Legislativo, ya es posible hablar de un cambio radical. No es que la transformación de este Poder haya concluido. Antes bien, apenas empezó y los pendientes son muchos. Sin embargo, la conducta y decisiones del Poder Legislativo en este primer tramo ya evidencian un giro de 180 grados.
La Cámara de Diputados le dio fin a la partida presupuestal que daba lugar a los llamados "moches". El Senado de la República por vez primera en la historia reciente disminuyó su Presupuesto en vez de aumentarlo.
En ambas Cámaras se cancelaron enormes privilegios de funcionarios, senadores y diputados, como los seguros de gastos médicos mayores, los bonos, los sobresueldos, los vales y muchos otros.
Y se ha adoptado una mística de trabajo inédita. Prácticamente no ha parado el Congreso desde que empezó la actual legislatura el 1 de septiembre del año pasado. Comenzó con el primer período de sesiones, luego vino un período extraordinario, después el segundo período ordinario, más tarde otro extraordinario, recientemente un extraordinario más y todavía hay una sesión extraordinaria convocada para el primero de julio. Nada más el Senado de la República ha trabajado en sesiones plenarias el doble de horas que la legislatura pasada en el mismo lapso. Y ya se habla hasta de instituir un tercer período ordinario de sesiones.
En sus formas de trabajo el Senado ha incorporado la reunión de su Mesa Directiva con presidencias de comisiones; la reunión (inédita) de su Mesa Directiva con las presidencias de los Congresos Locales y variados parlamentos abiertos.
Lo más significativo, no obstante, se encuentra en el contenido de las decisiones. Se acabaron las reformas neoliberales. Por primera vez, desde hace 39 años, tenemos un Congreso que no aprueba reformas para privatizar las riquezas nacionales, para bajar el sueldo a los trabajadores, para quitar derechos sociales a la gente, para aumentar impuestos al pueblo y reducirlos al gran capital, para ceder poder soberano a los grandes centros financieros mundiales. Nada de eso. Se acabaron las reformas neoliberales.
En este lapso se han aprobado reformas profundas en tres grandes rubros: 1) austeridad y abolición de privilegios; 2) seguridad ciudadana y 3) Igualdad y bienestar social.
Se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional, para convertir en delitos graves la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral, el feminicidio y la desaparición forzada, entre otros, y para utilizar la figura de extinción de dominio en el caso de bienes adquiridos a través de la corrupción.
Se aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para reglamentar el principio de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente. Está en proceso de aprobación la minuta para que el Presidente de la República pueda ser juzgado también por hechos de corrupción y delitos electorales. Se reformó la Ley para desaparecer el Estado Mayor Presidencial.
Asimismo, el Congreso cumplió el compromiso de derogar la reforma educativa punitiva del sexenio pasado. En cambio aprobó una para establecer un sistema de mejora continua del magisterio y el principio de gratuidad y universalidad de la educación superior. También se aprobó la primera reforma laboral progresiva en décadas, que en lugar de quitar derechos a la clase trabajadora los incrementa, especialmente en las materias de justicia, contratación colectiva y democracia sindical.
No olvidemos la histórica reforma de paridad de género en todos los órganos del Estado.
A un año del 1 de julio, se vale discrepar, pero no se puede negar que la transformación avanza.