Pendientes de la nueva Cámara

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De acuerdo con los resultados preliminares de las elecciones para diputados federales del domingo pasado y una estimación elaborada por SPIN Taller de Comunicación Política para el diario Milenio, el PRI tendría 197 diputados, el PVEM 46, Panal 9, PAN 108, PRD 57, Movimiento Ciudadano 26, PT 12, Morena 35, Encuentro Social 8, un independiente y otro de Oaxaca donde no hubo elección. Así, de coaligarse los tres primeros partidos en la nueva Cámara de Diputados, como lo hicieron en múltiples distritos electorales, tendrían una mayoría absoluta de 252 curules. En principio, ello facilitaría la gestión y aprobación de leyes que quedaron pendientes en la Legislatura pasada, así como de otras disposiciones jurídicas de particular trascendencia económica y social.

La LXII Legislatura que terminó el pasado 30 de abril fue la más productiva de los últimos 15 años, lo que se explica por la aprobación del marco jurídico de las reformas estructurales y la promulgación de una multiplicidad de leyes que dieron sustento a dichas reformas. Sin embargo, las confrontaciones y prioridades de las agendas de los partidos políticos en el último año dejaron diversas disposiciones en la congeladora legislativa, que tendría que retomar la nueva Cámara.

En primer lugar, y lo que seguramente ocupará la mayor parte del periodo legislativo que empieza en septiembre próximo, está el paquete económico para 2016. En ese sentido, no se anticipan cambios en el ámbito tributario (impuestos y derechos), a pesar de los "acercamientos" que ha tenido la SHCP con las organizaciones empresariales, dadas las restricciones y recortes presupuestales que se han anunciado. Además, el marco fiscal actual se ha traducido en incrementos sostenidos de la recaudación federal no petrolera.

El gran tema será el Presupuesto de Egresos para el año que entra. Aunque hay un válido escepticismo sobre los alcances del Presupuesto base cero –que implicaría eliminar las referencias pasadas de los programas de gasto; contar con evaluaciones de impacto para los programas; reasignar recursos en función de la eficacia de los programas, desapareciendo muchos; y rediseñar la organización del gobierno federal, entre otras acciones, así como los gastos ineludibles que hoy existen (nómina, servicio de la deuda, etcétera)–, la SHCP tendrá la oportunidad de meterle la tijera a fondo a los casi 900 programas presupuestarios que incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación, en particular en el rubro de transferencias y subsidios que se incrementó de 2.7 por ciento del PIB en 2000 a 6.3 por ciento del PIB en 2015, sin ninguna claridad sobre sus beneficios.

Además del paquete económico, la nueva Cámara tendrá que atender la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción; un reto no menor ya que "el diablo está en los detalles". A ello se suma la instrumentación del denominado decálogo de seguridad que anunció el presidente Peña Nieto en octubre pasado y que hasta ahora ha quedado en el discurso, en buena medida por los problemas de origen de la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo.

Otro pendiente relevante por sus implicaciones económicas, ecológicas y sociales es la nueva Ley General de Aguas, que lleva ya un retraso de casi tres años y cuya iniciativa fue ampliamente cuestionada por una mala gestión política, lo que propició que quedara en el limbo jurídico. A esos temas se agrega una larga lista: desindexación de los salarios mínimos, nueva ley de transición energética, reforma política del DF, etcétera

Frente a esos retos preocupa la "calidad" y capacidad de los integrantes de la nueva Cámara de Diputados (no porque la anterior fuera mejor), su falta de experiencia legislativa y de conocimiento de múltiples temas, y la curva de aprendizaje que necesariamente tendrá que darse. No obstante, ante la posible conformación de la Legislatura, es factible anticipar acciones de mayoriteo legislativo, o bien de "voto de conciencia" orientado por lo que digan los líderes de las fracciones parlamentarias. Veremos.

Twitter: @ruizfunes

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