Las acciones, declaraciones y anuncios del gobierno entrante durante la transición, y de la Legislatura ya en funciones, han sumado contradicciones, engaños y hasta francas mentiras. Si bien suele ser una característica de los políticos operar con verdades a medias para defender sus propuestas y políticas, siempre dando la cara amable de sus planteamientos y ocultando los costos para convencer a electores o gobernados, estos últimos cinco meses han sido una comedia de errores y horrores.
Las contradicciones. Si bien desde la campaña abundaron declaraciones sobre temas específicos en las que entre el equipo de AMLO se enmendaban la plana, incluyendo al mismo candidato, en la transición las acciones anunciadas han sido contradicciones de fondo. Por un lado se pregona que será un "gobierno austero", se aprueba una ley para reducir sueldos de la administración pública federal y se plantea una disminución de la "alta burocracia" en 70 por ciento; por otro, en una decisión sin fundamento de ningún tipo, se dilapidarán más de 120 mil millones de pesos directos con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, sin contar el mayor costo de la deuda pública por el aumento de tasas de interés y tipo de cambio. Se plantea como una prioridad el combate a la corrupción, pero se impulsa por debajo del agua una ley estatal en Tabasco para realizar asignaciones directas, en vez de licitaciones públicas, para construir la nueva refinería. Se propuso regresar a soldados y marinos a los cuarteles, y ahora se proponen cambios constitucionales para crear una guardia nacional militarizada. Se habla de respeto irrestricto al Estado de derecho y a la par se modifican a modo las leyes (orgánica de la administración pública, la Taibo II, etcétera); además, se anuncian proyectos que previsiblemente se echarán a andar los primeros días de diciembre sin que cumplan con la normatividad mínima vigente. Y lo que se sume.
Los engaños. La lista es larga empezando con la farsa de las consultas, que hacen recordar las votaciones a mano alzada en los mítines de AMLO y porcentajes de votación de la era priista; la supuesta existencia de estudios y consultas para avalar la viabilidad de los proyectos (aeropuerto en Santa Lucía —con las mentiras de Jiménez Espriú—, tren Maya, refinería en Tabasco, etcétera); las declaraciones de que "los inversionistas tendrán buenos rendimientos" y certidumbre, cuando sólo hay que ver el comportamiento de la Bolsa y del tipo de cambio en las últimas semanas y lo que falta en materia de tasas de interés, pero eso sí "no habrá expropiaciones"; el "Censo del Bienestar", que será la base para distribuir los apoyos de los programas sociales, y que será un padrón ad hoc para los fines políticos de Morena, que también trae al presente una frase célebre del presidente electo: "el Inegi está mal, yo tengo mis números"; y el supuesto respeto a los órganos autónomos y a los gobiernos locales, cuando se presiona a los reguladores del sector energía y se crean los superdelegados en los estados. En este tema también la lista es larga.
Hasta ahora quedan claras varias cosas. Se soslayan, o peor aún, se ignoran los costos de las acciones o medidas por realizar y los efectos que generan esas contradicciones y engaños. Además, no parece haber coordinación entre el Ejecutivo entrante y el Legislativo en funciones, o bien, se está usando al Congreso para probar las reacciones (totalmente previsibles) frente a varias iniciativas "transformadoras" como las comisiones bancarias, las Afore o la del agua.
Más que el discurso de toma de posesión de AMLO el 1 de diciembre y la presentación del Presupuesto 2019 (el papel todo lo aguanta), a los que a nivel mediático se les ha dado un enorme importancia, las primeras acciones de gobierno y el ejercicio del Presupuesto serán claves para precisar el futuro económico y político del país. Hasta ahora, hay grandes dudas y se acentúa la incertidumbre.