Nuevo aeropuerto, debate y realidades
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Nuevo aeropuerto, debate y realidades

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Nuevo aeropuerto, debate y realidades

19/04/2018
Actualización 19/04/2018 - 11:23

El tema que ha dominado el debate en las campañas presidenciales en los últimos días ha sido la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), superando a los que más le importan a la ciudadanía, como seguridad y economía (véase la última encuesta GEA-ISA del 24 de marzo pasado). La oposición de López Obrador a su ubicación y construcción, la que vincula directamente con la corrupción, ha generado reacciones de los otros candidatos a la presidencia que apoyan la obra, y de diversas organizaciones del sector privado.

La necesidad de ampliar la capacidad aeroportuaria de la Ciudad de México es evidente y data de veinte años atrás, y la de un nuevo aeropuerto al menos desde 2006. Desde entonces, se han realizado múltiples estudios técnicos (proyectos ejecutivos de obra civil y constructivos, de mecánica de suelos, hidrológicos, provisión de servicios como electricidad y drenajes, etcétera), ambientales, del espacio aéreo, económicos y comerciales que, según los expertos en cada materia, avalan la viabilidad de las características y ubicación del NAIM.

La evaluación costo-beneficio arroja una tasa de rentabilidad (TIR social en términos técnicos) de 13.4 por ciento y un valor presente neto (beneficios menos costos) de 68 mil millones de pesos. En 2014 se estimó una inversión total de 168 mil 800 millones de pesos (12 mil 795 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha). Actualmente, la inversión se mantiene en 13 mil millones de dólares, que serían equivalentes a cerca de 240.5 mil millones de pesos al tipo de cambio actual; es decir, el “incremento injustificado e inexplicable” del presupuesto para el NAIM planteado por AMLO se debe exclusivamente a la depreciación del tipo de cambio. Desde luego, ello no significa que no vayan a existir desviaciones con respecto al presupuesto original; sin embargo, no ha sido el caso hasta la fecha.

A diciembre de 2017 casi 70 por ciento de los recursos para la inversión se ha captado de créditos no garantizados por el gobierno, fondos privados y colocaciones públicas (como la Fibra E el mes pasado). La mayor parte de las colocaciones bursátiles han sido adquiridas por fondos de inversión nacionales y extranjeros y por las Afore; el resto correspondió a recursos presupuestales. A esa fecha se contrataron obras por casi 120 mil millones de pesos, la mitad del total estimado (actualizado), con un avance de la construcción de 28 por ciento. Se estima que con las obras a realizar en 2018 el avance se ubicará en 45 por ciento y la inversión total alcanzará 190 mil millones de pesos.

Por otra parte, desde 2015 la OCDE ha dado seguimiento anual al proyecto en aspectos como gobernanza, contrataciones públicas, integridad y comunicación a la sociedad. De ello se han derivado acciones de gobierno corporativo, anticorrupción y transparencia, como la información detallada de los 321 contratos firmados con contratistas (¡no se requiere esperar hasta diciembre para revisarlos!). Si bien una obra de esa naturaleza y magnitud no está exenta de problemas y riesgos —algunos han sido apuntados por la Auditoría Superior de la Federación—, a la fecha no parece haber elementos para sustentar afirmaciones de desvío de recursos o falta de rendición de cuentas. En todo caso, los problemas estarían en otro lado (¿adquisición de terrenos aledaños?).

En ese contexto, las implicaciones de cancelar las obras son evidentes: enterrar los recursos invertidos dado que se trata de estudios, proyectos y obras básicas (activos) no movibles ni recuperables; realizar el pago anticipado o la reestructuración de más de 80 mil millones de pesos de créditos y bonos colocados entre el público inversionista, con la consecuente incertidumbre financiera y falta de credibilidad, lo que podría implicar salidas de capital importantes; un incremento en el costo de las colocaciones de deuda mexicana; y cancelar un número importante de empleos y de generación de ingresos. Vaya ocurrencia y debate inútil.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.