A fines de febrero el Inegi dio a conocer los resultados de la cuarta edición del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 con información para 2016 (los anteriores corresponden a 2010, 2012 y 2014) sobre los integrantes de los ayuntamientos (características de funcionarios); la administración pública (empleados, catastros e impuesto predial); seguridad pública (recursos humanos e infraestructura); justicia (procedimientos administrativos, recursos humanos, infraestructura e infracciones); agua potable y saneamiento (provisión de servicios, tratamiento y facturación); y manejo de residuos sólidos urbanos (recolección y disposición).
En general, esos resultados ponen de manifiesto la precaria situación de la mayoría de los municipios del país, las deficiencias en la dotación de servicios básicos a la ciudadanía y su creciente deterioro. En 2016 los municipios y delegaciones emplearon a más de un millón de personas, lo que representó 2.0 por ciento de la población total ocupada en el país y fue equivalente a 15 por ciento de la que trabajó en el sector agropecuario o 12 por ciento en la industria; esto es, una elevada burocratización municipal, lo que no es sorpresa. En materia de seguridad pública, se desempeñaron poco más de 175 mil personas en esas funciones (sin incluir a las delegaciones), lo que implicó un servidor público por cada 685 habitantes. Además, las percepciones se concentraron en el rango de 1 a 5 mil pesos mensuales; en promedio en las entidades federativas sólo 3.0 por ciento ganó más de 20 mil pesos. No hay mucho que abundar sobre la precariedad y deficiencias de las policías municipales.
En agua potable y basura, que son dos de los servicios más sentidos de la ciudadanía responsabilidad de los municipios, el Censo apunta a escasos avances en 2016 o francos retrocesos. Con excepción del número de municipios con servicios de agua potable y alcantarillado, que aumentó de 44 por ciento del total en 2012 a 77 por ciento en 2016 —lo que fundamentalmente se debió a la introducción de sistemas de drenaje, ya que el porcentaje de municipios con agua potable no se modificó en ese periodo—, los demás servicios no mejoraron. Por ejemplo, la proporción de municipios con tratamiento de aguas residuales se mantuvo en sólo 32 por ciento del total del país y la facturación de agua potable disminuyó de 74 por ciento a 68 por ciento de los municipios. Y se trata de facturación, no de cobro-pago efectivo.
En materia de residuos sólidos urbanos, las cosas no evolucionaron de manera más favorable. La recolección bajó de 95 a 90 por ciento del total de municipios; la disposición final y tratamiento de 5.0 por ciento (sólo 177 municipios de un total de dos mil 350 censados) a 2.5 por ciento (¡únicamente en 26 municipios!); y el número de plantas de tratamiento de basura disminuyó de 117 municipios en 2012 a 62 en 2016. Ello implicó que se recolectara prácticamente la misma cantidad de basura en ese periodo (cerca de 100 mil toneladas, que representa menos de la mitad de la que se produce), como si la población y la generación de residuos no hubieran aumentado.
Además de la pésima situación financiera de los municipios, varios factores explican esa realidad. En seguridad pública, la ausencia de consensos en torno al Mando Único y qué hacer con las policías municipales. En agua, la falta de coordinación institucional entre niveles de gobierno (a ver para cuándo se aprueba la nueva Ley General de Aguas); en basura, la nula cultura de reciclaje, que involucra a gobiernos y a la población en general, a lo que se suma el negocio informal y la corrupción asociados, con la consecuente falta de inversiones en plantas de tratamiento, por mencionar sólo algunos.
Lo que parece claro es la necesidad de modificar el artículo 115 constitucional (facultades de los municipios en materia de agua y drenaje, alumbrado público, basura, mercados, panteones, rastros, equipamiento urbano y seguridad pública) y actualizar un marco jurídico que data de los ochentas e implica un federalismo que no funciona.