Pasada la elección, la administración entrante tendrá que diseñar y aterrizar las políticas públicas y el programa de gobierno que empezará a instrumentar a partir de diciembre. Pasar de los planteamientos y promesas de campaña, ocurrencias incluidas, a estrategias, acciones y proyectos viables desde un punto de vista administrativo, en el que el reto será la gestión y la curva de aprendizaje de un gabinete con un perfil académico-financiero, dado que todavía los números del Presupuesto parecen no cuadrar entre gastos adicionales (sobre todo en los programas asistencialistas) y menores ingresos (reducir el IVA en la frontera, congelar los precios de los combustibles y generar 'horros' por el combate a la corrupción); y político, en términos de cumplir con lo que se prometió.
En ese sentido, el ámbito rural y el sector agropecuario serán una (de muchas) prueba de fuego por sus características y desafíos: concentración de la pobreza, marginación y carencia relativa de ingresos; peso político de grupos organizados no orientados a la producción; papel histórico de los subsidios con escasa efectividad para impulsar el desarrollo; y complejas relaciones con el exterior, en particular con Estados Unidos, entre otros factores.
Hace unos días la (OCDE) publicó su 'Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018', elaborado para más de 50 países, en el que detalla los magros avances que hubo en México durante los últimos años —lo que no sorprende después de que tres secretarios pasaron por esa cartera— y sus recomendaciones para el futuro, con las que se puede o no estar de acuerdo pero que sin duda constituyen un referente para diseñar las estrategias sectoriales en un contexto internacional adverso. De los cambios recientes de política, la OCDE señala que continuó la expansión del programa de etiquetado para productos orgánicos, se avanzó en la digitalización de la base de datos de los beneficiarios de los programas de apoyo (que inició desde 2008), se ampliaron a 2019 las cuotas a las importaciones de diversos productos agrícolas y se firmó el acuerdo de libre comercio TPP-11. Sin duda, a la OCDE le costó trabajo encontrar algo para rellenar el apartado correspondiente de su informe para México y no hacer el ridículo frente a otros países analizados.
Entre los principales elementos de su evaluación y recomendaciones, la OCDE apunta que aunque México ha reducido desde los noventas los apoyos distorsionantes al sector, algunos esquemas se reintrodujeron o acentuaron en los últimos años como los subsidios a los insumos como a la electricidad (bombeo agrícola), que implican no sólo importantes cantidades de recursos públicos sino que inducen al desperdicio de agua, a los seguros y a las coberturas de precios, que son particularmente regresivos, ya que se destinan a muy pocos productores. Además, está en fase piloto la reinstalación del subsidio al diésel agropecuario, lo que constituye un 'foco rojo' por sus implicaciones ambientales. De ahí que sugiere redireccionar esos apoyos hacia lo que denomina servicios generales como infraestructura de caminos y de suministro eléctrico moderno, sistemas de información (clima, precios), acceso al crédito, investigación y transferencia de tecnología lo que induciría mayor productividad, sustentabilidad y rentabilidad, así como diseñar programas considerando buenas prácticas ambientales. Nada nuevo, pero a lo que no se le ha encontrado la 'cuadratura al círculo' para hacerlos realidad.
Parecería que mientras algunas propuestas del virtual presidente electo van en contrasentido de esas recomendaciones (establecer precios de garantía es de los apoyos que mayores distorsiones generan), otras están más alineadas como el impulso a la transferencia de conocimiento y tecnología al campo. Ojalá y el nuevo equipo instrumente políticas para el desarrollo del sector que no sean sólo repartir dinero.