'El problema nodal de la justicia está en los Ministerios Públicos'
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'El problema nodal de la justicia está en los Ministerios Públicos'

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'El problema nodal de la justicia está en los Ministerios Públicos'

07/02/2020
Actualización 07/02/2020 - 13:54

Al terminar la preparatoria, Catalina Pérez Correa tramaba un viaje de graduación con sus amigas a Europa, pero su padre –un austero profesor de la Facultad de Ciencias Políticas– le cambió los planes. Iría a Ixmiquilpan, Hidalgo, como voluntaria del INEA.

Durante un verano, la joven durmió en el mismo albergue que el resto de los voluntarios y los que venían a realizar algún trámite, indígenas en su mayoría. “Esa experiencia me abrió los ojos. Al llegar a los poblados, nos dábamos cuenta de que no podíamos alfabetizar porque había cosas más urgentes, como explicarle a la gente que las monedas tenían tres ceros menos, la importancia de no beber el agua sin hervirla o qué hacer con un niño que tiene fiebre. Esa experiencia me mostró los privilegios que yo tenía y las desigualdades que todavía existen”.

Tras algunos titubeos y una huelga en la UNAM, Pérez Correa estudió derecho en el ITAM. Le interesaba el derecho penal, “porque ahí se cometen tremendas injusticias en nombre de la justicia, y porque vi que podía describir y mostrar esto a las personas que no lo ven”.

Antes de titularse, la joven se integró al equipo formado por Alejando Madrazo, Blanca Heredia y Ana Laura Magaloni, quienes trabajaban en un nuevo programa de derecho en el CIDE, cuyo propósito era transformar la enseñanza de esta disciplina en México, demasiado enfocada a la interpretación normativa. Poco después, fue a Standford, donde se preparaban, precisamente, profesores de derecho, orientados hacia diversas asignaturas.

Simultáneamente, en el CIDE se había levantado la primera encuesta en reclusorios del Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Marcelo Bergman, Elena Azaola y Layda Negrete querían conocer las condiciones de los internos, sus historias de vida, la descripción de sus procesos. Pérez Correa analizó los datos de la investigación en el posgrado y para su tesis doctoral hizo un estudio etnográfico del Ministerio Público de la Ciudad de México. “El problema nodal del sistema de justicia está antes que en las cárceles, en el Ministerio Público. Ahí se atora la mayoría de los casos, primero porque no se denuncian y luego porque el MP los abandona”.

Además de abogada, activista y profesora, Catalina Pérez Correa es pintora. En Yale, donde vivió mientras su pareja completaba el doctorado, tomó clases de dibujo y pintura. Necesitaba el arte para despejar las dudas y la frustración que surgieron durante su investigación: “¿Qué está bien?, ¿qué está mal?, ¿qué es lo legal?, ¿qué es lo ilegal?, ¿qué es lo que importa?”.

De Estados Unidos, llegó a dar clases a la Facultad de Derecho, con nuevos materiales de sociología del derecho. Pero en la UNAM no le daban entrada; las vacas sagradas ocupaban los mejores espacios. Estaba desanimada, sin un proyecto de investigación por delante. Tenía un hijo pequeño, así que tampoco buscaba un trabajo de tiempo completo, y encontró lo justo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Más adelante, se mudó con su familia a Aguascalientes, donde se había inaugurado otro campus del CIDE.

Con la iniciativa del gobierno, el equipo cideíta se dispuso a levantar una encuesta en reclusorios federales. Ya que estaba en marcha la guerra de las drogas, se incorporaron preguntas al respecto. “Fue muy evidente que el de las drogas era ya un tema de primera importancia, así que empecé a meterme más a fondo a la política de las drogas”.

En un grupo interdisciplinario en el que participaba, se discutía sobre un estudio en Brasil sobre el comportamiento de la policía en términos del uso de la fuerza letal en las favelas (la policía era propensa a utilizar la fuerza letal, sobre todo contra negros y mulatos). El grupo decidió realizar su propia investigación en México, primero mediante revisiones diarias a los periódicos desde 2006 y a partir de 2011 por medio de solicitudes de información a la Sedena. La reacción gubernamental no se hizo esperar. “Fue bien fuerte. Los datos eran impresionantes; mostraban que había una política de exterminio del enemigo, una política de nosotros y ellos”.

Desde entonces, Pérez Correa ha documentado también el desarrollo de la militarización de la vida pública en México. “Ahora ya están hasta en la cocina, con todo tipo de actividades”.

Durante el sexenio de Peña Nieto, individuos y organizados interesadas en la procuración de justicia formaron el colectivo Fiscalía que Sirve, con el propósito de evitar que se reprodujera el modelo de la procuraduría, “y que termináramos como ahora, con una institución con un nombre distinto pero que conserva todas sus deficiencias”.

A partir de esa experiencia, cuando se reformó el Código Militar y de Procedimientos Militares, “ampliando las facultades sobre resguardo e investigación de los hechos cuando se cometían enfrentamientos en los que participaba la Sedena”, Pérez Correa alertó al colectivo y surgió otro: Seguridad sin Guerra, que detuvo la ley de seguridad interior.

Más recientemente, la investigadora ha vuelto a escrutar las prisiones. Llevó a cabo otra encuesta en los reclusorios de la Ciudad de México y de Morelos con un enfoque hacia las mujeres. “El penal es un sistema de violencia hacia las mujeres. Ellas sobrellevan la carga del sistema porque son las que mantienen al niño, las que llevan la comida o el medicamento a la cárcel, las que le dan una lana al custodio para que el preso tenga cama. Trabajan el doble, abandonando muchas veces a sus hijos. Es un sistema muy violento, en el que las mujeres están completamente invisibilizadas”.

Y para cerrar el círculo, Pérez Correa encabezó otro estudio, sobre custodios y personal técnico. “Ellos también son víctimas: viven lejos, comen mal, no duermen, pasan muchas horas de pie…”

No ha perdido sentido la aspiración de la experta cuando eligió dedicarse a las leyes: “En una de ésas, hasta podría cambiar la idea de los que piensan que quienes están en la cárcel es porque se lo merecen, o que merecen vivir en las condiciones que viven”.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.