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'Con que uno crea en la justicia, el trabajo vale la pena'

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'Con que uno crea en la justicia, el trabajo vale la pena'

18/09/2020

Estefanía Medina no vaciló: quería ser abogada, como su hermana, siete años mayor. Como ella, dejó Aguascalientes para estudiar en la Iberoamericana de León. Pero en contraste con ella, no regresaba los fines de semana a casa de sus padres. No sólo eso, quiso ir aún más lejos, a la Ciudad de México.

Medina ganó un concurso de la Suprema Corte de Justicia con motivo del Bicentenario. Los triunfadores recibieron una beca de un año para escribir su tesis, que se convertiría en libro. Apenas cursaba el primero en la universidad, pero se obsesionó con la redacción del protocolo de una ambiciosa investigación sobre las violaciones de militares a los derechos humanos.

Al avanzar en la licenciatura, Medina se involucró más con la justicia penal. Entró como pasante en una consultoría sobre el tema y trabajó con varios de sus maestros en sus respectivos despachos. Cerca de su titulación, recibió una oferta para trabajar en la PGR. Algo podría aportar para mejorar esa institución, pensó. “Decidí que los derechos humanos podían esperar y entré como jefe de departamento, un puesto administrativo chiquito en el área legislativa”. Medina analizaba iniciativas de ley en tiempos de la procuradora Marisela Morales, en el tramo final del sexenio de Calderón. “Me impresionó la manera de trabajar de la gente, de sol a sol. Entrábamos a las nueve, salíamos a comer y salíamos a medianoche, cuando nos iba bien. No sé cómo podíamos vivir así. Eran unas jornadas de miedo”.

Con el cambio de administración, fue ascendida a una subdirección. Durante los tres primeros años de Jesús Murillo al frente de la PGR, Medina cambió seis veces de puesto. Al mismo tiempo, hizo una especialidad en Sistema Penal Acusatorio, en la Escuela Libre de Derecho. Ascendió a directora de área, luego a directora general adjunta, y luego llegó Arely Gómez a la cabeza de la Procuraduría, “y todo se lió”. Mariana Benítez, subprocuradora con Murillo, la invitó a formar parte de su equipo cuando se convirtió en diputada.

Poco después, recibió una oferta del visitador general de la PGR, César Chávez, que quería formar un área de acusatorio. Recién se había presentado el libro de Medina, Delincuencia organizada en el sistema acusatorio. En sus manos había quedado la corrupción en el seno de la procuraduría. Durante meses trabajó en un diagnóstico, un modelo analítico y un protocolo que más tarde aplicaría.

La joven tenía 15 ministerios públicos a su cargo. Era la titular de la unidad que brindaba atención inmediata a las denuncias que se presentaban. “Yo era muy obsesiva, perfeccionista. Era imposible revisar personalmente las 50 o 70 denuncias que se presentaban a diario y que había que revisar, clasificar y asignar. Tuve que soltar y aprender a hacer equipo con gente muy difícil”.

Otra parte de su labor era coordinar operativos. “Me tocó de todo, operativos loquísimos. Había que ir casi de encubierto. En la visitaduría tenían que comprar vuelos especiales, triangular los viajes y si había que mandar policías, debía ser por tierra. La corrupción de nuestro país nos obligaba a actuar como el gato y el ratón, sin exagerar”.

Estefanía Medina, abogada.
Estefanía Medina, abogada.Fuente: Ismael Ángeles

De ahí, Medina pasó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a principios de 2017. Su labor era sobre todo administrativa, “lo más glamuroso del sistema de justicia”. Hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto y ante el inminente cambio del esquema político, Medina se asoció con Adriana Graves y decidieron, a través de litigio de casos, combatir la impunidad. Formaron Tojil y el primer año, como suele ser, se consumió tocando puertas. “Hubo tanta gente que nos apoyó y nos guió como gente que nos tiró de a locas.

“Teníamos la donataria autorizada, pero el primer año nadie nos daba ni un vaso con agua. Tampoco queríamos vender nuestro trabajo. Aguantamos con nuestros ahorros el primer año”.

Este año, Tojil recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que, en calidad de víctima, se reconociera su derecho a colaborar en la investigación por corrupción en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La asociación también demandó a la Fiscalía General de la República que le reconociera el carácter de víctima y ofendido en el caso de Emilio Lozoya.

“En el caso Duarte nos dieron la razón porque la teníamos. Ganar el amparo me devolvió la fe en la justicia. Fue una bocanada de aire, porque ya eran muchos años remando contracorriente. La sentencia nos dio muchísima fuerza. No importa que empezáramos Adriana y yo solas, ni que haya mucha gente que no cree en la justicia. Con que haya uno de cada cien que crea, el trabajo vale la pena. Seguiremos batallando hasta que reconocernos como víctimas de la corrupción sea natural”.

Tojil tiene ahora más proyectos, más alianzas, un equipo más grande y robusto. También mayores donantes y mayor claridad. No sin tropiezos, como entender que el mundo de la sociedad civil tampoco es perfecto –hay una feroz competencia por imponer ideas y por obtener recursos–. Medina mira hacia el futuro y puede ver el mismo concepto que ha desarrollado hasta ahora con Graves, pero ampliado hasta el ámbito regional. “Hay países que comparten nuestra problemática y pueden compartir la medicina”, sostiene. “Queremos conectar con las naciones que sufren lo mismo. Hacia allá tenemos puestos los ojos”.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.