Profesor en UNAM y en UP. Especialista en temas electorales.

Fiscalizar precampañas

El INE está facultado para monitorear la propaganda colocada en la vía pública, medios impresos e internet, así como para realizar visitas de verificación a eventos públicos.

El jueves pasado, el INE resolvió diversos asuntos relativos a la fiscalización de los gastos de precampaña realizados por partidos y precandidatos en los procesos federal y locales en curso, determinando la improcedencia del registro o cancelación del mismo de 49 candidaturas, entre ellas, la de Félix Salgado Macedonio, defendido con intensidad por su partido y por el propio presidente de la República. Veamos.

Una precampaña es el conjunto de actos que realizan partidos, militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular registrados en los procesos internos de cada partido. Las normas establecen que, al concluir las precampañas, los precandidatos, a través de sus partidos, deben presentar los informes de ingresos y gastos realizados. Si los partidos son omisos en el cumplimiento de esta obligación, los precandidatos son responsables solidarios y pueden ser sancionados por incumplirla. En diversos artículos la ley es tajante: no es optativo presentar el informe; si no se presenta, el registro es improcedente. No hay duda de que eso dice la ley.

Para indagar, valorar y, en su caso, sancionar, el INE, a través de la unidad técnica y de la comisión de fiscalización está facultado para monitorear la propaganda colocada en la vía pública, medios impresos e internet, así como para realizar visitas de verificación a eventos públicos.

Puede darse el supuesto de que un partido informe a la autoridad que no ha realizado precampañas para ciertos cargos o para todos. Pero ello no siempre es cierto. En algunas ocasiones sólo es un intento de cubrir a los aspirantes inquietos que, contrario al dicho del partido, con recurrencia informan públicamente en mítines o en redes sociales que son precandidatos, realizan eventos y gastos y son detectados con facilidad por la autoridad. Autogol, balazo en el pie.

Así, el INE investigó a 120 personas no registradas como precandidatas, dictaminando al final que 43 incumplieron con la obligación de presentar informes de precampaña. Se añadió el expediente de Guerrero, donde igual hay la misma omisión de seis precandidaturas, entre los que se halla Félix Salgado Macedonio. La autoridad, respetando el derecho de audiencia de partidos y precandidatos, les notificó la irregularidad y les otorgó tres días para manifestar lo que estimaran procedente, pero las irregularidades no fueron subsanadas; simplemente no contestaron, no presentaron el informe.

Observo que no se trata de una acción deliberada en contra de un partido, como ha sostenido Morena, pues es claro que la mayoría de sus precandidatos cumplió con la obligación de informar y, por lo tanto, sus candidaturas proceden sin más.

Por razones obvias, destaca el caso de Salgado Macedonio, donde la autoridad presenta testigos de monitoreo (fotos y videos en redes sociales) que lo acreditan como precandidato; no hay duda, no es un clon ni un fantasma, es él, y son sus cuentas. Existen, también, documentos oficiales de Morena al proceso de selección interna y está la instrucción de los órganos internos de reponer el procedimiento vía encuestas, que le reconocen su calidad de precandidato. Pero al final no se presentó el informe y la ley dice que no procede el registro.

Preocupa la reacción en contra de la autoridad, la descalificación del árbitro, el señalamiento reiterado y los amagos en contra de dos de los consejeros. En esta decisión hay una mayoría de siete votos de consejeros y consejeras nuevos y de quienes ya estaban, como también es respetable y válida la postura de quienes votaron en sentido distinto. Entonces, para justificar el incumplimiento de la ley ¿hay que descarrilar al árbitro?, ¿hay que pedir juicio político en contra de sus integrantes?, ¿hay que organizar manifestaciones en contra de la institución? Muy grave para el desarrollo del proceso. El INE es patrimonio institucional de nuestra democracia. Todos estamos obligados a cumplir la ley.

COLUMNAS ANTERIORES

Candidaturas en disputa
Candidaturas en disputa

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.