El domingo siguiente se abrirán las urnas para recibir el mandato ciudadano que expresará su apoyo a los partidos y candidaturas de su preferencia. Desde 1991 hemos apostado por la organización transparente e imparcial de los procesos electorales, el IFE-INE y todas las autoridades electorales federales y locales, han demostrado una enorme capacidad para garantizar que el voto ciudadano se respeta y se cuenta bien. La transición política lograda en los lustros anteriores fue posible por las reformas electorales subsecuentes y su implementación en todo el país.
Tendremos las elecciones más importantes de la historia reciente, no por los números de las listas nominales de electores, de casillas a instalar o cargos a elegir, sino por la trascendencia que sus resultados tendrán para el futuro del país. Llegamos al desenlace, luego del proceso electoral más largo de los últimos treinta y cinco años, si consideramos que en la segunda mitad del sexenio el presidente de la República, valiéndose de múltiples artimañas, adelantó la sucesión presidencial para posicionar a la candidata del oficialismo, manteniéndola en una movilización permanente sin respetar plazos legales.
Son las y los ciudadanos quienes tienen la delicada responsabilidad de decidir cuál es el proyecto de nación que apoyarán, de evaluar resultados de gobiernos actuales y de legisladores, las promesas e implementación de políticas públicas y aciertos o incumplimientos en la gestión gubernamental. Cada persona tiene opiniones propias y su voto tiene el mismo peso en las urnas, lo importante es asistir a la casilla que corresponda y expresarse en libertad y sin coacción.
También estará en la mesa la evaluación sobre el desempeño de las autoridades electorales con la división interior de las consejerías y la atención a problemas inéditos, como la renuncia masiva de capacitadores-asistentes electorales, piezas claves de la logística electoral o el capítulo de fallas técnicas en la producción de los debates y la modificación de sus formatos a petición de los partidos o la confusión pública por los casi 40 mil votantes desde el extranjero dados de baja de la lista, para luego reincorporar a casi todos. En especial el papel que el Tribunal ha jugado en el arbitraje electoral, su actitud permisiva sobre el intervencionismo presidencial, el uso indebido de recursos públicos y el semáforo verde a las mañaneras como esquema de propaganda electoral del presidente, por citar algunos ejemplos.
Con respeto a la postura de todos, debe considerarse que las alternancias en los cargos públicos son consustanciales a la democracia, que está en juego la viabilidad de instituciones clave construidas en las últimas décadas y que hoy han sido debilitadas por una actitud deliberada e irresponsable de la alianza gobernante, como el INAI, la Comisión de los Derechos Humanos y el propio Tribunal Electoral, que tienen vacantes que complican su funcionamiento.
México precisa que su pluralidad y diversidad se refleje en las urnas y que el poder público se redistribuya para reactivar los equilibrios que se han destruido o debilitado. Las y los ciudadanos, al momento de sufragar, más allá de los efectos que ello tenga en las élites políticas que en buena medida se recorrieron a Morena desde los partidos tradicionales, decidiremos si queremos la peligrosa línea de continuidad que ofrece el oficialismo y su candidata o si optamos por un proceso de recuperación con un proyecto inclusivo de la candidata impulsada por las organizaciones ciudadanas y por los partidos de la oposición.