Setenta años después del reconocimiento formal del derecho a votar y ser votadas, 2024 será el año de las elecciones de mujeres. Las dos alianzas, tanto la gobernante como la de oposición, ya definieron que en sus candidaturas presidenciales serán postuladas mujeres. Para las nueve gubernaturas, falta el desenlace sobre el proyecto de acuerdo perfilado por el INE para que, al menos cinco, sean ocupadas por mujeres, lo cual daría pauta al cumplimiento de la reforma constitucional de 2019 que estableció que todos los cargos públicos deben ser ocupados en paridad de género.
Más allá de las complejidades políticas que la decisión entrañe para los partidos políticos, será una determinación legal y justa. El INE debe mantener su propuesta y, en su caso, el Tribunal debe ratificarla en congruencia con sus criterios. La paridad se ha cumplido razonablemente en todas las elecciones federales y locales desde 2014, salvo en el caso de las 32 gubernaturas, donde ahora solo nueve están ocupadas por mujeres.
Para el caso de la presidencia de la República, 2024 significa la posibilidad de que por primera vez sea ocupada por una mujer y, dado que se trata de un cargo público distinto de mayor relevancia, históricamente ocupado por hombres, no debe sumarse a las nueve gubernaturas para que se postulen cinco hombres y cinco mujeres, sería un grave error aceptar este argumento que apareció en el debate; adicionalmente, es claro que la paridad se mide proceso a proceso y no en forma histórica sumando las candidaturas donde se postularon mujeres en el pasado.
El INE vive un entorno complejo ante el activismo incesante de actores y partidos, así como por la continua impugnación de sus decisiones ante el Tribunal Electoral de la Federación, que le cambia decisiones cruciales para el proceso electoral, como recientemente ocurrió con el plazo para el desahogo de las precampañas federales, que iniciaría el 5 de noviembre y fue modificado para iniciar hasta el día 20, con todas las complicaciones logísticas que implica cumplir con la fiscalización de los recursos que reciban y gasten los partidos y precandidatos.
De cualquier manera, las precampañas se convertirán en una repetición de los procesos políticos para definir las candidaturas presidenciales, organizados por las alianzas políticas y avalados por las autoridades electorales; de hecho, la virtual candidata de Morena ya realiza su tercera gira nacional. Veremos si la autoridad también fiscaliza estos recorridos de un trabajo proselitista al margen de los plazos legales.
Las elecciones del próximo año son de mujeres, pero estarán precedidas por precampañas adelantadas, con el apoyo del presidente para que su candidata gane de la forma que sea, gastando mucho dinero e incumpliendo la ley, con todo el apoyo del aparato del Estado y con el coro de los servidores públicos morenistas que siembran la idea de que ya ganaron, cuando el proceso electoral apenas empieza.
En la oposición, la coordinadora del Frente Amplio por México trabaja sus posibilidades con el apoyo persistente y auténtico de las organizaciones ciudadanas que respaldan su candidatura, pese a la notoria ausencia pública de los partidos políticos. Su ventaja consiste en que tiene voz propia y propuestas oportunas que contrastan con el silencio o con la repetición de las posturas presidenciales de la candidatura oficialista. Son contrastes que demuestran que hay opciones y que las elecciones no están definidas.
El autor es profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.