Los diputados de la fracción parlamentaria mayoritaria dieron otra demostración de cómo se convirtieron en una caja de resonancia del Ejecutivo federal, una simple oficialía de partes que eleva a rango de ley todo lo que reciben de Palacio Nacional. Sin conocer, aunque fuere someramente, los contenidos de la reforma planteada por el presidente a cinco legislaciones electorales distintas aprobaron, de manera apresurada, todo lo que se les ordenó, aun y cuando algunos de los más de 450 artículos modificados o adicionados incorporan ciertos elementos de inconstitucionalidad.
Es lamentable que el oficialismo quiera legitimar los abusivos ajustes a leyes ordinarias que disminuyen las capacidades de los organismos electorales para organizar con eficacia los procesos electorales, con la incorporación de normas que agilizan la implementación de derechos que favorecen a grupos vulnerables, migrantes y a personas en condición de prisión preventiva o de postración. Siendo normas indispensables para arribar a una democracia con igualdad sustantiva, se dan como preámbulo de la demolición de los principales pilares de las elecciones mexicanas.
La reforma, al compactar áreas y desaparecer a casi todas las vocalías de juntas ejecutivas locales y distritales, suprime el cincuenta por ciento del servicio profesional electoral, cerca de dos mil plazas, de personas calificadas que hoy son la principal garantía de eficacia operativa y técnica del INE, poniendo en riesgo inminente la organización de los procesos electorales, la administración del padrón y listados nominales, los instrumentos que garantizan una base de electores auténtica y revisada por todos, la instalación puntual de casillas y la oportuna obtención de los resultados electorales.
Frente al ajuste a la estructura del INE, la reforma regresa la capacidad de movilización y propaganda de los servidores públicos suprimiendo las limitaciones temporales y geográficas para que presenten informes de gobierno que hoy solo realizan una vez al año bajo ciertas reglas, a la par que cambian la definición legal de “propaganda gubernamental”, diciendo que solo tendrá ese carácter aquella que se pague con recursos públicos, dejando que los funcionarios digan lo que quieran en la etapa de las campañas, lo cual es contrario al artículo 41 constitucional.
La reforma también contiene un esquema reforzado de blindaje a los partidos, incorporando cláusulas que garantizan la vida eterna de los aliados de Morena, al reincorporar la posibilidad de transferir votos entre partidos que presentan candidatos comunes mediante convenio de coalición, a la par que podrían conservar el dinero no gastado al concluir cada ejercicio fiscal y no regresarlo al erario público como ocurre en la actualidad; también flexibilizan las causales de pérdida del registro de partidos, todo lo cual es incongruente frente al discurso del propio presidente que dijo querer disminuir los montos de su financiamiento.
Error o no, cambios deliberados o no, lo cierto es que se trata de una reforma irracional y desproporcionada que cercena al INE y disminuye su capacidad de arbitraje, que aunado a los ajustes al tribunal y OPLES, dejan a los partidos y al oficialismo en libertad absoluta para hacer y deshacer frente a unos árbitros sin dientes y si tarjetas amarillas o rojas. Los senadores deben actuar con visión de Estado y reconocer que si matan al INE matan a la democracia.