La reforma a la Ley Electoral de la Ciudad de México aprobada el viernes pasado volvió a exhibir el método y los abusos de las mayorías parlamentarias de Morena cuando les urge aprobar modificaciones legales que, como en este caso, asestan un golpe demoledor a la autonomía del IECM y sientan un precedente peligroso para impulsar en cascada cambios similares en las demás entidades federativas. No importó el debate ni la observancia a los procedimientos legislativos, no hubo estudios técnicos, ni presupuestales que fundamentaran la reforma y no se revisó la congruencia de los ajustes respecto del cumplimiento de las facultades constitucionales del organismo.
Se trata de una reforma impulsada por la jefa de Gobierno, que declaró tener el acuerdo de partidos políticos y de la presidenta del Instituto. La ofensiva en contra del IECM inició en 2020, al recortarle el presupuesto en un 19 por ciento; en 2021, 27 por ciento; y en 2022 casi 40 por ciento. Fue la aplicación a rajatabla de la política de austeridad que aplica Morena en todos los ámbitos de la vida nacional, salvo en el fondeo de su base electoral por la vía de los programas sociales.
Ante la complicación que se vislumbra para construir la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma constitucional que permita modificar aspectos sustantivos del sistema nacional de elecciones, la jefa de Gobierno ofrece al presidente una salida con ajustes a las leyes locales que establecen las estructuras de los organismos electorales de los estados. Las modificaciones aprobadas eliminan cinco unidades técnicas del IECM y lo estrangulan quitándole atribuciones para aprobar nuevas unidades técnicas, al mismo tiempo, disminuyen poco más de 100 plazas de personal especializado que irá a la calle y suprimen recursos presupuestales equivalentes a otros 53 millones de pesos.
La política de austeridad fue, de nuevo, el pretexto para avanzar en el debilitamiento de los organismos electorales que sistemáticamente se oponen a los designios del poder, que organizan elecciones confiables y aplican las reglas del juego de manera imparcial. La estrategia es clara: si la reforma constitucional no avanza, estrangular a los organismos electorales será cuestión de tiempo, por la vía de ajustes a las normas secundarias que no requieren de mayorías calificadas.
Sin consenso ni estudios técnicos, reformas de estas características significan un atentado a la democracia y una fórmula de implementación de mecanismos de control ilegales e inconstitucionales que favorecen a los gobiernos de la autollamada cuarta transformación; implican, también, efectos regresivos en la atención de los derechos de grupos vulnerables siempre disminuidos, como son las minorías religiosas, personas privadas de su libertad o en situación de calle y muchos otros. El IECM, el INE o cualquier otro organismo electoral, sin presupuesto, con estructuras disminuidas, no podrá darle continuidad a programas para el empoderamiento de estos grupos. Entonces, ¿cuál es la democracia que defiende Morena?
Bajo el falso argumento de robustecer el funcionamiento del IECM, la mayoría parlamentaria que aprobó la reforma busca reposicionar a la jefa de Gobierno en su carrera hacia la candidatura presidencial, busca sostenerla en los afectos del presidente y demostrar eficacia política que no se materializó en 2021 o en la atención de problemas como la tragedia de la Línea 12 [del Metro]. Es el tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veremos qué decide.