El modelo legal vigente para fiscalizar el dinero que los partidos y los candidatos gastan en la política es resultado del consenso alcanzado entre los actores políticos al discutir y aprobar la ley electoral, pero también de un conjunto amplio de reglas y criterios emitidos por las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales que constantemente se actualizan para atender los retos que impone la realidad en las contiendas.
El dinero público y privado que se gasta en las campañas propicia siempre un amplio debate en aras de encontrar la mejor manera de garantizar el principio de equidad, pero también para conocer el origen y destino de los recursos que financian a la política. Es un hecho que el camino de la fiscalización nunca ha estado pavimentado a satisfacción de todos y que se ha tenido que recorrer por superficies irregulares llenas de bordes.
A partir de la reforma 2013-2014, la fiscalización de elecciones federales y locales está centralizada en el INE, en un modelo que impone tanto a la autoridad, como a partidos y candidatos, plazos más cortos para informar, reportar, revisar, dictaminar y resolver sobre los ingresos y egresos en periodo de campaña, dado que debe concluirse antes de que sean declaradas válidas por los tribunales, pues ahora el rebase de 5.0 por ciento o más de los topes establecidos, aunado a que la diferencia de la votación sea menor a cinco puntos porcentuales entre el primero y segundo lugares, podría llevar a la anulación de la elección.
Es una tarea titánica que hoy, conforme a cifras preliminares dadas a conocer por el INE, implica que, de los 20 mil 415 cargos elegidos el pasado 6 de junio, 4 mil 180 son fiscalizables. En cuanto a las candidatas y candidatos cuyos ingresos y egresos están siendo revisados, se reportan 29 mil 610, 24 mil 355 bajo la figura de candidatura individual o por fórmula; 2 mil 31 por la modalidad de candidaturas comunes; 2 mil 889 por la vía de coaliciones, y 335 de carácter independiente. Todas ellas deberán ser dictaminadas el próximo día 22 de julio.
A diferencia de lo que ocurre en muchos países de América Latina donde la auditoría a los recursos partidarios está en pañales o es inexistente, México ha logrado un modelo robusto de fiscalización para detectar propaganda no reportada y cuantificarla, para dar seguimiento a operaciones bancarias por las que fluye dinero de partidos y candidatos, no hay peso ni centavo bancarizado que no sea susceptible de revisarse. No obstante, pese a notables avances, aún no logramos darle seguimiento eficaz al efectivo que fluye subrepticiamente hacia las campañas o al dinero de origen prohibido que llega por métodos de triangulación ilegales.
Es de reconocer, que cada vez son más robustos los procedimientos que despliega el INE para detectar la inyección indebida de recursos en las contiendas electorales, pero quedan varias asignaturas pendientes. Por ello, los debates sobre una posible reforma electoral no pueden orientarse solo a lograr austeridad en los costos de la política por la vía de disminuir el financiamiento público a partidos o a desaparecer organismos locales.
Disminuir los costos de la política y fiscalizar el uso y origen de los recursos que la financian, son temas de primera importancia, íntimamente vinculados al uso de recursos públicos. La posible deliberación sobre nuevas reglas electorales no debe soslayar problemáticas como son los topes y modalidades de uso del dinero en las campañas y los riesgos permanentes que entraña el uso del efectivo sin control y sus efectos en la equidad y limpieza de los procesos electorales. Veremos qué sucede en los tiempos de la fiscalización.