En la primera quincena de agosto, el INEGI empezó a utilizar una nueva metodología para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), como resultado del Cambio de Año Base (CAB). Esta revisión sigue a otras seis que, con distinto alcance, se aplicaron al INPC en diferentes períodos desde que inició su cómputo en 1969.
Tales actualizaciones han sido indispensables porque la medición de ese índice y, por ende, de la inflación requiere tomar como referencia fija una cierta estructura del gasto de los hogares, la cual suele quedar obsoleta con el tiempo.
Los patrones de consumo tienden a alterarse ante la aparición de nuevos bienes y servicios, la mejoría en su calidad, la sustitución ante variaciones de precios relativos y los cambios en los puntos de venta, entre otros factores.
El CAB reemplaza la referencia de la segunda quincena de diciembre de 2010, vigente desde 2013, a la segunda quincena de julio de 2018.
Además, la nueva metodología moderniza el contenido de la canasta de consumo y, con ello, la estructura de ponderaciones. El número de genéricos aumentó en 16, para ascender a 299, lo que implicó eliminar, incorporar, desagregar y fusionar algunos elementos.
A nivel agregado, el ponderador del subíndice de precios subyacente, que excluye los agropecuarios, así como los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuye a 75.6 por ciento, 1.9 puntos porcentuales menos que la composición anterior, proporción en la que aumenta el no subyacente. Si bien, esa redistribución no es muy significativa, la naturaleza típicamente volátil del segundo subíndice puede añadir cierta inestabilidad al INPC.
Finalmente, el CAB incluyó otras dos modificaciones: la ampliación de la cobertura geográfica, al aumentar de 46 a 55 las ciudades encuestadas, así como el mayor rigor en el muestreo para la selección de establecimientos donde se cotizan los precios.
Como en ocasiones anteriores, el nuevo INPC se enlaza con el anterior, para contar con una sola serie de tiempo. Con ello, se evitan confusiones, ya que la inflación, medida con ese índice, se utiliza como indicador de desempeño económico y criterio para múltiples propósitos legales y de negocios.
Con base en esos datos, a partir de junio pasado, la inflación anual ha aumentado, después de haber descendido durante los primeros cinco meses del año. En particular, en la primera quincena de agosto, la tasa se mantuvo en 4.8 por ciento, treinta puntos base por arriba de la de mayo pasado.
Esa evolución es desfavorable teniendo en cuenta que durante más de año y medio el crecimiento anual del INPC se ha ubicado por encima del límite superior del intervalo de variabilidad establecido por el Banco de México en torno al objetivo de 3.0 por ciento.
La mayor inflación revela dos aspectos fundamentales. El primero consiste en la moderación de la tendencia a la baja registrada por la inflación subyacente desde principios de año.
Durante los últimos dos meses y medio, ese subíndice se ha estabilizado en 3.6 por ciento, casi un punto porcentual por arriba del correspondiente promedio durante 2015 y 2016, cuando la inflación general convergió a la meta. En otras palabras, dado el comportamiento histórico de la inflación no subyacente, las tasas actuales de la subyacente parecen lejanas de las que podrían cimentar la convergencia de la inflación al objetivo.
El segundo rasgo es la reversión al alza desde junio de la inflación no subyacente, la cual, en la primera quincena de agosto, alcanzó el ritmo más elevado del año. Ese detrimento obedece, principalmente, al ascenso continuo de la variación anual de los precios de los energéticos, que refleja la menor contención gubernamental de estos últimos.
De hecho, durante 2018, la contribución del componente energético a la inflación general anual ha ido en ascenso, al punto en que, en julio pasado, superó la de cualquier mes de 2017, excepto la de diciembre y, en particular, rebasó la de enero de ese año, cuando se aplicaron los incrementos más significativos a las gasolinas.
Durante los primeros siete meses de 2018, la mediana de las expectativas de inflación de finales de año por parte de los analistas, de acuerdo con la encuesta recabada por el Banco de México, aumentó de 3.9 por ciento a 4.3 por ciento para la general y de 3.5 por ciento a 3.6 por ciento para la subyacente.
En conclusión, el reciente repunte y la permanencia de la inflación en niveles relativamente elevados, así como los riesgos de un deterioro adicional requieren el mantenimiento de una política monetaria prudente, lo que implica no descartar, si las condiciones lo ameritan, incrementos adicionales en la tasa de referencia.
*Ex-subgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).