En los últimos años, los principales líderes políticos han abogado por incrementar substancialmente el salario mínimo de México.
Esta postura se exacerbó durante los meses previos a la elección presidencial de 2018. Las promesas de acrecentar el nivel mínimo legal de los salarios, de forma inmediata y en el futuro, constituyeron una pieza esencial de las campañas electorales, en las que los candidatos parecían competir por el máximo aumento salarial posible.
El consenso político a favor de un mayor salario mínimo se ha manifestado en el reciente cambio de tendencia en las revisiones de este indicador. Después de mantenerse aproximadamente estable en términos reales desde principios del milenio, a partir de 2016, el salario mínimo ha registrado incrementos anuales en ascenso, que han superado ampliamente la inflación.
El impulso salarial obligatorio ha sido especialmente notable en la presente administración. A partir de enero de 2019, el salario mínimo aumentó 100 por ciento en la llamada Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y 16.2 por ciento en el resto de la República. Ello contrasta con el incremento anual promedio de 9.0 por ciento del trienio previo y 4.9 por ciento de los primeros dieciséis años del siglo.
Las causas invocadas para un mayor salario mínimo han abarcado desde el compromiso moral por asegurar una remuneración "justa", hasta la "corrección" del rezago respecto a otros países. Una motivación central se ha referido a garantizar los umbrales de ingreso calculados por el Coneval como superación de la pobreza.
Como suele ocurrir con las iniciativas eminentemente políticas, las justificaciones ofrecidas se han sustentado en buenas intenciones, evidentemente loables. No obstante, en materia de medidas económicas, lo que en realidad afecta el bienestar de las personas no son los propósitos, sino los resultados.
Existen bases teóricas y empíricas para concluir que los objetivos perseguidos mediante un mayor salario mínimo difícilmente pueden alcanzarse. Debe reconocerse que, sobre todo en los sectores donde se pagan salarios cercanos al mínimo, como las cadenas de comida rápida, muchos establecimientos de ventas al menudeo y los pequeños talleres, el mercado laboral es razonablemente competitivo.
En tales circunstancias, los salarios reflejan la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. En consecuencia, una retribución forzosa por encima de esos niveles reduce el número de trabajadores o de horas trabajadas que el empresario está dispuesto a contratar.
La razón es simple. Así como con cualquier producto, la cantidad demandada disminuye entre más alto es el precio, el monto del trabajo convenido cae cuando se incrementan obligatoriamente las remuneraciones.
Lo peculiar es que mientras nadie se extraña del funcionamiento de la ley de la demanda en el caso de los bienes, es normal que los políticos la ignoren en el caso del trabajo. De ahí que las propuestas suelan argumentar, sin fundamento, la inexistencia de un impacto del mayor salario mínimo sobre el empleo.
De esta manera, mientras que los individuos que logran retener su ocupación podrían beneficiarse con mayores salarios, los desplazados son mayormente aquellos cuya productividad es baja, los cuales frecuentemente son jóvenes al inicio de su carrera y adultos con escasas habilidades y deficiente escolaridad.
Lo anterior pone en entredicho la pretensión de utilizar el salario mínimo como una herramienta para aliviar la pobreza. Si ese fuera el caso, no existiría estrechez en el mundo ni límite justificado de las remuneraciones. Por desgracia, las leyes económicas son ineludibles.
En un estudio empírico reciente, el Banco de México ha confirmado el efecto negativo de la revisión del salario mínimo de 2019 sobre el empleo formal, el cual es más significativo en regiones y sectores con una mayor proporción de trabajadores cuyos salarios se ubican entre los mínimos vigentes de 2018 y 2019. El mismo análisis concluye que esa revisión explica la desaceleración del empleo durante el presente año, casi en su totalidad, en la ZLFN y, en gran medida, en el resto del territorio.
Ante estas evidencias, es irrelevante considerar el lugar que ocupa el salario mínimo de México en comparaciones internacionales. Un mayor salario mínimo respecto al salario medio de la economía representa un freno al empleo y el bienestar de la población.
Para que las remuneraciones aumenten se requiere el acrecentamiento de la productividad. Eso no se logra con decretos promovidos por líderes que buscan la felicitación fácil, sino cimentando los verdaderos fundamentos del progreso económico.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).