Una vez más, ha comenzado a difundirse la opinión de muchos comentaristas sobre la supuesta inevitabilidad de una reforma fiscal.
En México, la búsqueda de cambios impositivos, que proporcionen al Estado los recursos 'necesarios' para ejercer sus funciones, no es nueva, sino que puede remitirse, al menos, hasta los años sesenta del siglo pasado, cuando empezó a configurarse el actual sistema tributario.
Desde entonces, el gobierno ha liderado múltiples iniciativas fiscales, que se han traducido en una larga secuencia de modificaciones, con frecuencia basadas en alzas y bajas en las tasas de los mismos gravámenes, notablemente el ISR y el IVA, o en su canje por otros.
La variación en la recaudación ha resultado, por lo general, inferior a la esperada por las autoridades y, en ocasiones, incluso negativa. Tal vez, por eso, no se extinga el deseo de diseñar una 'mejor' reforma fiscal.
Lo peculiar en nuestro país no consiste en el afán natural del gobierno por procurar más recursos, sino en el amplio apoyo de expertos y órganos empresariales con este fin. Tal interés contrasta con la postura conservadora de la actual administración, la cual, hasta ahora, considera que puede incrementar la recaudación con los impuestos vigentes.
No son claras las razones del recurrente entusiasmo privado por las reformas fiscales, pero las siguientes dos podrían estar influyendo.
En primer lugar, parece predominar la idea de que una reforma tributaria genera sólo beneficios para la sociedad, a un costo bajo o inexistente. Entre las bondades pregonadas por sus proponentes se incluyen el impulso al crecimiento económico, el combate a la pobreza y la redistribución del ingreso.
Empero, la realización de estos efectos enfrenta varias dificultades. La más evidente proviene del hecho de que los tributos son transferencias de recursos de los particulares al gobierno, el cual no necesariamente les otorga un uso superior al de aquéllos en términos de los objetivos planteados.
Dadas las ineficiencias típicas del sector público, no puede descartarse que el 'multiplicador' del gasto sea menor a uno o, incluso, cercano a cero, es decir, que el aumento del PIB resulte inferior al de las erogaciones gubernamentales, como se ha estimado en algunos países, incluyendo a Estados Unidos.
Además, los requerimientos de gasto dependen, en buena medida, de la elección gubernamental, por lo que no existe una lista objetiva de 'necesidades'. Los proyectos gubernamentales suelen carecer de una evaluación de su rentabilidad social y la distribución de los desembolsos primordialmente refleja criterios políticos, no económicos.
Otra dificultad potencialmente severa se refiere a que los cambios en las tasas impositivas alteran los incentivos, lo cual, por lo general, conduce a modificar las decisiones de los individuos y las empresas. Los incrementos de impuestos para aumentar la recaudación pueden ser contrarios a la actividad económica y, por ende, a esta finalidad.
Por ejemplo, un aumento de la tasa del ISR empresarial tiende a reducir las inversiones y el gasto en innovación, y la ampliación de los tratamientos tributarios diferenciados entre actividades reduce la eficiencia en la asignación de los recursos productivos. Todo lo anterior inhibe el crecimiento económico.
Asimismo, un incremento en las tasas marginales del ISR personal desalienta el ahorro y el esfuerzo laboral, y si se imprime una mayor 'progresividad' a la tarifa, atributo considerado casi un mantra por algunos especialistas, se castiga la formación de capital humano, ya que los mayores ingresos por trabajo suelen reflejar el retorno de la educación.
Finalmente, la evidencia internacional revela que las altas tasas impositivas propician la evasión y la elusión fiscales, al magnificar el beneficio neto de esas acciones.
En segundo lugar, es posible que los promotores de las reformas fiscales busquen, mediante el cabildeo, aunque no necesariamente con éxito, hacer recaer las cargas tributarias en grupos diferentes a los propios, siendo el favorito el de los informales. Independientemente de la razonabilidad de estas posturas, la mayor imposición a cualquier sector no es gratuita y tiende a reflejarse en costos en la producción y el empleo.
La regla de oro de un sistema tributario a favor del crecimiento económico consiste en que sea fácil de cumplirse, genere el menor número posible de distorsiones, y su carga se distribuya de forma amplia y lo más uniforme posible. Las reformas fiscales dirigidas únicamente a la mayor recaudación suelen ser contraproducentes para la economía y escasamente efectivas para su propósito.