Las promesas del Insabi
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Las promesas del Insabi

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Las promesas del Insabi

15/01/2020
Actualización 15/01/2020 - 10:16

Al inicio del presente año, entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual sustituye al Seguro Popular y busca proporcionar, de forma gratuita, servicios de salud a la población no cubierta por la seguridad social.

Durante 2004-2019, el Seguro Popular fue el instrumento con el que el gobierno procuró garantizar el acceso a los servicios de sanidad a este mismo colectivo. Entre otras, destacan tres características que lo sitúan en ventaja respecto al nuevo programa.

En primer lugar, el Seguro Popular operaba como un seguro diseñado para que las personas pudieran hacer frente a la carga financiera asociada a la prevención y atención de enfermedades. Como tal, permitía a los derechohabientes exigir al gobierno la provisión de los servicios amparados por esa 'póliza'.

En contraste, el Insabi promete atender a cualquier individuo mexicano que carezca de seguridad social, sin necesidad de afiliación alguna. Al desaparecer esta última formalidad, las personas pierden un medio para exigir la provisión de los servicios prometidos, cuyo cumplimiento, por consiguiente, podría resultar incierto.

En segundo lugar, el Seguro Popular cubría un catálogo de servicios de salubridad en los denominados primer y segundo nivel, es decir, consulta externa y hospitalización de especialidades básicas, así como de tercer nivel o alta especialidad que abarcaba 66 padecimientos.

Aunque dejaba fuera muchas afecciones, la cobertura de tercer nivel, compuesta de enfermedades cuyo tratamiento típicamente implica un costo muy elevado, permitía reducir los riesgos de empobrecimiento o desatención ante la necesidad de grandes desembolsos personales.

Por lo menos al principio, el Insabi se ha obligado a ofrecer servicios solamente en los dos primeros niveles de atención, sin comprometerse a los correspondientes al tercero. Ello deja a la población sin protección donde más la necesita.

En tercer lugar, la responsabilidad de la provisión de los servicios de salud del Seguro Popular recaía en los sistemas de los gobiernos estatales, los cuales eran complementados por algunas instituciones federales de alta especialidad. Con la descentralización, se buscaba ajustar la infraestructura de labores a la demanda local y, así, mejorar su calidad.

Al parecer, el Insabi busca obedecer la lógica de la oferta, mediante la centralización de los servicios, lo que presenta el riesgo de desacoplar los recursos físicos y humanos respecto de las necesidades locales y, de esta manera, disminuir su capacidad de atención.

A las ventajas anteriores debe añadirse que el Seguro Popular era un sistema que estaba funcionando de acuerdo con reglas claras. Entre sus avances, sobresale el aumento en la afiliación al mismo, lo cual, en parte, resultó en una mayor provisión de servicios de salud, en especial, a la población de menores ingresos, si bien aún permanecen desatendidas localidades muy aisladas.

El Insabi ha iniciado trabajos de forma desorganizada, lo cual ha representado un serio inconveniente que, sin necesidad, ha puesto en peligro el cuidado de la salud de innumerables personas.

No obstante, donde no parece haber gran discrepancia entre los dos esquemas es en los problemas inherentes a la sostenibilidad financiera.

El Seguro Popular recibía recursos a través de tres tipos de cuotas: una 'social' con aportaciones federales; una 'solidaria' con contribuciones federales y estatales; y una que el individuo debía entregar de manera anticipada y progresiva en función de su ingreso.

En la práctica, las cuotas individuales fueron escasas porque la mayoría de los afiliados se reportó como perteneciente a los cuatro deciles más bajos de ingreso, los cuales estaban exentos. Tal peculiaridad hacía que los recursos provinieran primordialmente del gasto corriente del sector público, por lo que la naturaleza 'gratuita' resulta parecida en ambos sistemas.

Además, el Seguro Popular era un seguro sin una aseguradora que contara con reservas suficientes y solidez financiera. Como el Insabi, el Seguro Popular enfrentaba compromisos de erogaciones públicas crecientes asociadas con el envejecimiento de la población y la transición a enfermedades cuyo tratamiento es cada vez más oneroso.

En cualquier caso, la ascendente carga financiera del gobierno implicará, tarde o temprano, la necesidad de mayores impuestos, si no se desea incumplir con las promesas de servicios gratuitos de salud. Como lo atestigua la experiencia de los países avanzados con grandes estados benefactores, la costumbre política de comprometer el gasto sin asegurar su financiamiento conduce, sin remedio, a severas presiones fiscales en el futuro.

El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.