Una función irrenunciable del gobierno consiste en proteger a los ciudadanos de atentados contra su integridad física o sus posesiones.
Esta salvaguarda pertenece a la categoría de "bien público", es decir, aquel cuyas características hacen que los individuos no tengan los incentivos suficientes para producirlo en un monto socialmente deseable. De ahí que su provisión óptima no pueda recaer en el mercado sino en el gobierno.
La información disponible apunta a que, durante los años recientes, la seguridad pública en México se ha deteriorado considerablemente. Tal vez no exista un indicador más confiable de este detrimento que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual se ha más que triplicado en los últimos once años y ha alcanzado el mayor nivel de varias décadas.
La inseguridad se manifiesta, además, en la proliferación de invasiones y daños a propiedades públicas y privadas, así como en asaltos y robos a individuos y empresas, entre muchas otras trasgresiones. La delincuencia es especialmente aguda en algunas regiones del país, lo que incluye vías de comunicación en las cuales es muy riesgoso transitar.
El escalamiento de la violencia ha estado impulsado por grupos de crimen organizado, en gran medida, relacionados con el tráfico de drogas, aunque en últimas fechas el alcance de las operaciones ilícitas parece haberse expandido.
Resulta particularmente preocupante el hecho de que, en algunos lugares, las autoridades no ejercen de forma efectiva su fuerza para imponer la ley y parecen encontrarse subyugadas por las organizaciones criminales.
En cualquier país, la delincuencia representa una carga muy onerosa para la sociedad, que reduce el potencial de crecimiento económico y dificulta el abatimiento de la pobreza.
Los costos directos incluyen, entre otros, los daños físicos y económicos ejercidos sobre las víctimas, los cuales pueden llegar a la pérdida de la vida. Con frecuencia, la victimización es especialmente grave en las localidades más pobres de los países.
Los costos indirectos abarcan los esfuerzos tanto privados como públicos para buscar controlar y prevenir los crímenes, así como la administración de justicia. La delincuencia puede inhibir el consumo y detener proyectos de inversión, lo que, aunado a la desviación de recursos para combatir la inseguridad, resulta en menores niveles de productividad, actividad económica y bienestar.
Algunas mediciones sugieren que la carga de la inseguridad relativa en México es de las más elevadas del mundo. Por ejemplo, el costo económico de la violencia, calculado por el Instituto para la Economía y la Paz con base en varios indicadores, ubica a nuestro país en el lugar 36 más alto de 163 naciones, con un valor de 10 por ciento del PIB.
Los efectos adversos de la creciente inseguridad en nuestro país hacen impostergable una estrategia efectiva de combate a la delincuencia. Ello necesariamente implica un diagnóstico objetivo de las causas que la originan.
Si bien la criminalidad puede obedecer a múltiples factores, incluyendo la ética y la educación, la explicación económica propuesta hace más de cincuenta años por el fallecido economista Gary S. Becker, basada en incentivos, ha demostrado ser potente en términos de su lógica y su verificación empírica.
En el razonamiento Beckeriano, los individuos escogen las actividades delictivas porque perciben un mayor beneficio económico respecto de las actividades legítimas, una vez consideradas la probabilidad de captura y condena, y la severidad del castigo.
En México, parece que cada uno de los elementos mencionados contribuye a explicar la extendida criminalidad. En particular, las autoridades parecen no tener los medios y, a veces, la voluntad de perseguir los ilícitos. Además, los ciudadanos tienden a desconfiar de la administración de justicia, por lo que sólo un bajo porcentaje de delitos es denunciado.
Más importante resulta el hecho de que las ganancias financieras relativas de las actividades ilícitas tienden a ser considerables. El caso más evidente es el tráfico de drogas, al ser una actividad muy lucrativa por la prohibición y la elevada demanda de consumo estadounidense.
La recuperación de la seguridad pública en México requiere contrarrestar las causas de fondo de la delincuencia. Ello implica fortalecer la operación de las fuerzas del orden y no abdicar de la responsabilidad de perseguir los ilícitos. Asimismo, es oportuno examinar la conveniencia de eliminar la prohibición de las drogas, que ha generado mercados negros plagados de violencia, cuya represión ha probado ser inútil.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).