La contracción económica mundial a causa del Covid-19 no constituye una recesión normal. Históricamente, las recesiones han sucedido como una reacción de los mercados ante condiciones económicas percibidas como adversas.
El caso más común ha tomado la forma de una disminución en la demanda agregada frente a niveles de gasto que se han interpretado como insostenibles. Ello ocurrió en la Gran Recesión de 2008-2009, cuyo detonante fue una burbuja crediticia y de bienes raíces.
Un caso menos frecuente ha resultado de choques desfavorables en los costos de producción, como las dos recesiones estadounidenses de la década de los años setenta del siglo pasado, derivadas de incrementos significativos en los precios internacionales del petróleo.
La actual recesión es atípica porque no procede de factores económicos sino de las medidas de distanciamiento social, confinamiento y suspensión de muchas labores orientadas a evitar el contagio del coronavirus.
Si bien en fechas recientes muchos países han empezado a relajar esos lineamientos, permitiendo el regreso gradual a las tareas ordinarias, es imposible predecir la profundidad y la duración de la recesión.
Un obstáculo para el optimismo es la persistencia de un ritmo elevado, e incluso creciente, de infecciones en algunas naciones, lo que, aunado a la falta de certeza sobre la disponibilidad próxima de una vacuna o tratamiento especializado contra el virus, no permite descartar la necesidad de reimponer las restricciones.
Las recesiones reducen el bienestar social porque implican el debilitamiento financiero de los negocios, una disminución de los salarios y un agravamiento del desempleo, entre otros menoscabos.
Tales daños suelen justificar una política fiscal 'contracíclica', definida como aquella que busca contrarrestar la caída de la demanda agregada, con incrementos de gasto público y, a veces, disminuciones de impuestos.
El carácter excepcional de la actual recesión hace inadecuada una postura propiamente contracíclica. Ante la parálisis productiva derivada de las normas para evitar la pandemia, tratar de impulsar el gasto sólo generaría racionamiento o carestía.
Lo anterior no invalida la necesidad de la acción gubernamental. Sin duda, la prioridad más elevada corresponde al combate de la causa del problema que es el virus. Al tratarse de una epidemia, la intervención estatal es irrenunciable, lo que implica destinar recursos suficientes a fortalecer los sistemas de salud, incluyendo la amplia provisión de pruebas, la adecuación de instalaciones, así como la disponibilidad de medicamentos y otros suministros.
Una segunda prioridad se refiere al alivio de las necesidades de liquidez de las familias y las empresas especialmente afectadas por la pandemia. Estos apoyos deberían realizarse de acuerdo a reglas claras y con suma transparencia, evitando lo más posible generar incentivos inadecuados. Los sectores poblacionales en pobreza o vulnerables de caer en esa condición deberían recibir especial atención.
La mayoría de los países ha aplicado programas extraordinariamente generosos para atenuar las secuelas de la recesión. El tamaño y alcance de los paquetes han sido notables, en especial en las economías avanzadas. Las actuaciones han resultado muy variadas, abarcando mayores beneficios por desempleo, transferencias de efectivo, garantías crediticias, diferimiento y reducciones impositivas, respaldos empresariales para mantener la nómina, entre muchas otras.
En términos del PIB, las iniciativas de las economías emergentes han sido menos espectaculares. Al parecer, ello obedece principalmente a la menor capacidad de endeudamiento por parte de los gobiernos, condición irremediable en cualquier expansión fiscal.
México representa un caso excepcional con programas de apoyo modestos en comparaciones internacionales. Además, la información de finanzas públicas correspondiente a los primeros cinco meses del año confirma una postura relativamente restrictiva.
En particular, respecto a igual período de 2019, sorprendentemente los ingresos tributarios del gobierno federal aumentaron en total y en sus principales rubros a pesar de la recesión. Si bien el gasto se expandió, no es evidente la importancia otorgada a las prioridades mencionadas. Finalmente, se registró un superávit excluyendo el servicio de la deuda.
El análisis anterior sugiere que el daño social por la actual recesión en México ha sido amortiguado escasamente por la política fiscal. Es indispensable un redireccionamiento de la gestión gubernamental con el fin de controlar el problema sanitario y evitar un mayor agravamiento de los índices de pobreza.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y escritor del libro Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006) .