Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ayer por la tarde, un documento que se intitula "decreto", pero que no es sino la transcripción del decálogo emitido por López Obrador en la mañanera del miércoles. No corresponde al lenguaje tradicional de un decreto presidencial, ni establece fundamento legal alguno. El decreto anuncia que habrá disminución voluntaria de las percepciones de funcionarios públicos, a partir del nivel de subdirector, en un 25 por ciento, así como la cancelación del aguinaldo. Ni el sueldo ni el aguinaldo pueden reducirse por decisión del patrón, que es quien firma el decreto. Nada hay de voluntario en ello.
Además, se anuncia que no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto en materiales y suministros y servicios generales, en todo el gobierno federal. Se cancelan 10 subsecretarías, aunque el personal de las mismas seguirá cobrando lo mismo que antes. Se cierran la mitad de las oficinas del gobierno, y se buscará reubicar al personal para dejar de pagar rentas de inmuebles, vehículos y equipos.
"Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios" (así dice). Son 38 programas, que no listo, pero donde están las becas, los arbolitos, el aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera. Poco después se indica que habrá trato excepcional para la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, Defensa y Marina. Qué exactamente significan esos puntos, en conjunto, no queda claro. Peor aún, dice textualmente: "Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo."
El gobierno mexicano pospuso las acciones para enfrentar la pandemia, argumentando que no había razón para utilizar cubrebocas ni aplicar pruebas. Exactamente lo contrario de lo que hicieron los países más exitosos en este tema, desde Corea del Sur hasta Suecia. Ahora, el gobierno decide hacer exactamente lo contrario de lo que hacen todos los demás países en materia económica. Mientras todos, todos, incrementan su gasto contratando deuda para con ello impedir una caída brutal de la economía, México aplica un programa de austeridad jamás imaginado. Nunca nadie había obligado a los funcionarios públicos a reducirse el sueldo. Nunca se había pensado que se podría contraer el gasto en materiales y servicios en tres cuartas partes.
Por otra parte, Hacienda publicó una dispensa a Pemex por 65 mil millones de pesos, casi al mismo tiempo que contrató deuda por 140 mil millones, a un costo 33 por ciento superior a la contratación de enero, la más reciente. Es decir, mientras se obliga a los funcionarios a perder su ingreso, el dinero se tira en Pemex.
Cabe mencionar que los créditos a empresas que se han anunciado están siendo entregados mediante el sistema de Servidores de la Nación, algo ilegal, que además acompañan los 25 mil pesos con una carta del Presidente, algo inconstitucional.
En suma: después de manejar inadecuadamente los meses previos a la expansión del contagio de coronavirus, ahora se actúa de forma suicida en materia económica. Esta actuación es, además, ilegal. El decreto implica la destrucción de la capacidad de acción del gobierno mexicano. Por si esto fuese poco, la pobreza legal y de lenguaje harían de este documento la burla de cualquier escuela de Derecho, si no fuesen tan graves sus consecuencias.
La enfermedad del Presidente es ya un asunto de Seguridad Nacional.