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17/06/2019
Actualización 17/06/2019 - 13:11

Hace unas semanas, en respuesta a peticiones de diversos lectores y amigos, esta columna proponía tres acciones urgentes. Primero, evitar la desaparición de la democracia; segundo, impedir la destrucción de las instituciones; tercero, construir una propuesta atractiva para la ciudadanía que nos devuelva al camino de libertad y modernidad que estuvimos construyendo por 30 años, y que está ahora en riesgo.

El primer tema será muy importante en estos días, y es necesario que todos actuemos. El intento de reformar al INE, reduciendo el número de consejeros (para poder nombrar nuevos) y eliminando los OPLEs, implica regresar el control de las elecciones a un solo grupo político, como ocurrió en México durante casi todo el siglo XX. En ese entonces, el PRI contaba con ventajas inmensas que hasta antes de 1988 le permitieron ganar todas las gubernaturas y senadurías, y casi todas las diputaciones de mayoría y presidencias municipales. Le recuerdo a quienes no lo conocieron, o han olvidado: México sólo ha sido una democracia desde 1996.

Adicionalmente, intentan incluir la revocación de mandato y reducir los requisitos para las consultas populares, de forma que puedan contar con una democracia plebiscitaria. Estos tres elementos (control del INE, revocación, consultas a la medida) impedirían que la voluntad real de los mexicanos se refleje en las urnas. O, dicho más claramente, convertirían nuestra democracia en una farsa del tipo de las 'democracias iliberales' que no son sino sistemas autoritarios.

El periodo democrático en México, de 1996 a 2018, contó con tres grandes reformas electorales (1996, 2007, 2013). Todas ellas fueron consensadas. Es decir, aprobadas por todas las fuerzas políticas, para evitar que una mayoría circunstancial limitara las opciones. Hoy, exijamos que cualquier reforma electoral o política sea igualmente por unanimidad. No importa si hoy Morena y sus aliados cuentan con dos tercios de los diputados y casi la misma proporción en el Senado, ni importa que tengan más de 20 congresos locales. Reformas políticas o electorales deben ser por unanimidad.

Afortunadamente, la segunda acción que proponíamos hace unas semanas es ya una realidad, y lo era desde antes de que aquí la comentáramos. El colectivo #NoMásDerroches, conformado (dice Milenio) por Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido contra la Delincuencia, ha procedido legalmente para impedir que las ocurrencias del gobierno destruyan el patrimonio nacional, o pongan en riesgo la seguridad de los mexicanos.

Este colectivo, al que Fuera de la Caja aplaude, ha logrado amparos en contra de la construcción del supuesto aeropuerto de Santa Lucía hasta que no existan los estudios indispensables para su construcción. Cabe mencionar que dichos estudios debieron presentarse, porque la ley lo exige, pero este gobierno, fiel a la costumbre de dos décadas, no respeta norma alguna. En el caso de Texcoco, el colectivo ha logrado impedir que se inunde la obra inconclusa del NAIM que, con la excusa de crear un lago que hace más de un siglo no existe, quiere dejarse inútil para el futuro.

La respuesta de López Obrador, como siempre, ha sido que respetan a los jueces, pero que pondrán en evidencia los intereses detrás de este colectivo. No dudo que este mismo lunes el Presidente vuelva a atacar a algunas personalidades, o incluso grupos enteros. Es su deseo destruir toda institucionalidad para convertirse en el único que mande en México, como lo hace al interior de su gobierno y de su grupo político. Es un autoritario, y lo ha sido siempre. Es también un incapaz, como es evidente, salvo en acumular poder, que es lo suyo.

Está en nuestras manos acotarlo, hagámoslo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.