Comentábamos ayer que el Presupuesto de 2020 es uno de los asuntos más importantes que tendrá el Congreso en el próximo periodo de sesiones. Aunque es un documento que construye Hacienda, se requiere del apoyo de diputados (y un poco menos de senadores) para su ratificación. Desde que vivimos en democracia, los diputados no simplemente aprueban lo que envía el Ejecutivo. Venden caro su voto, exigiendo recursos para sus lugares de origen, que les permitan mantener presencia política, y algunos se enriquecen al mismo tiempo.
Hasta 2018, los diputados funcionaban alrededor de sus gobernadores y jefes de partido, que intentaban mantener una estrategia política, al mismo tiempo que darles cierto margen a los representantes populares. Ahora eso no funciona así, porque buena parte de los gobernadores no tiene diputados federales, que son más bien propiedad del Presidente. Además, los coordinadores parlamentarios pesan más que los jefes de partido.
No dudo que López Obrador quiera tener un Presupuesto disciplinado, al mismo tiempo que quiere empujar sus proyectos faraónicos y su estrategia clientelar. No parece entender que son objetivos incompatibles, si además quiere que siga funcionando el país. Como los diputados tienen una visión todavía menos amplia, pues ya se imaginará lo que sufrirán el secretario de Hacienda y los coordinadores parlamentarios.
Pero creo que además de este asunto, el Congreso entrará a discutir las reglas electorales de 2021. No puede posponer mucho los cambios en este tema, porque debe existir un tiempo previo al inicio formal del proceso electoral. Aunque todavía podrían aprovechar el segundo periodo ordinario, a inicios del próximo año, tengo la impresión de que intentarán hacer los ajustes de una vez.
Al respecto, han hablado de reducir financiamiento y de introducir la revocación de mandato. Ambas medidas tienen como objetivo incrementar el voto potencial de Morena. Lo primero implica desigualdad en la competencia, porque los recursos federales, especialmente a través de los programas clientelares impulsados por López Obrador, favorecerían a su partido. Como hizo el PRI por décadas, pues.
Pero la revocación es todavía peor, porque permitiría a López Obrador hacer campaña, y con ello elevar la votación de su partido. Sin él en la boleta, Morena difícilmente superará 30 por ciento del voto a nivel nacional, y mucho menos alcanzará el 44 por ciento del año pasado. Ya no tendrían la mayoría calificada en Diputados que tienen hoy (no hay elección de senadores). Más todavía, la revocación jugará en contra del funcionamiento normal del sistema presidencial, no sólo porque puede animar la idea de reelección, sino porque para futuros presidentes significará dos periodos de tres años, extremadamente cortos.
A mí me parece que el problema de fondo es la incapacidad estratégica de López Obrador. Sin duda tiene gran capacidad de reacción, y ha elaborado jugadas tácticas adecuadas, pero no parece capaz de planear a mediano plazo. Algunos pueden confundir tozudez con estrategia, pero aferrarse en competir tres veces por la Presidencia no significa haber planeado con visión durante 15 o 18 años.
Si tuviese visión estratégica, no estaríamos con la economía estancada como resultado de una decisión espectacular, pero con efectos negativos de largo plazo. Ni tendría al Presupuesto en riesgo con proyectos que no tienen futuro posible, o programas clientelares que costarán una fortuna y puede ser que ni siquiera den votos. Es más, ya habría estructurado su partido político rumbo a la sucesión.
Pero no es lo suyo. Aunque avanza en la concentración de poder en su persona, va cerrando las opciones para trasladarlo, en menos de cinco años, y convertirlo en un proceso institucional de construcción de un nuevo régimen. Se puede ser excelente oposición sin estrategia, basta responder. Gobernar, en cambio, exige justo lo que López no tiene: visión estratégica.