Pérdida de confianza
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Pérdida de confianza

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Pérdida de confianza

23/07/2019
Actualización 23/07/2019 - 12:24

Para Gonzalo Hernández Licona, con un abrazo .

Como usted sabe, esta columna afirma que la causa principal de la contracción económica, o si gusta, desaceleración, es la pérdida de confianza en el futuro del país, producto de decisiones de la actual administración.

Aunque la decisión más importante en este argumento es la cancelación de la construcción del aeropuerto, el contexto es muy importante. Quien la tomó fue López Obrador, en ese momento presidente electo, que además promovió una consulta parcial y antidemocrática para fundamentar lo que ya había decidido. La historia del personaje no puede olvidarse. Por décadas, fue considerado el político más peligroso para el sector privado, e incluso fue por esa razón que perdió la elección de 2006. Muchas personas se habían convencido de que elegir a López Obrador pondría en riesgo las inversiones, e incluso el funcionamiento del mercado. Para 2018, esos riesgos palidecían frente al crecimiento de la inseguridad y a la corrupción rampante del gobierno de Peña Nieto, de forma que López Obrador pudo finalmente alcanzar la presidencia.

Es por ese contexto que su decisión de cancelar el aeropuerto importa más. Si bien cualquier presidente pudo haber hecho algo similar y habría causado problemas, que lo hiciera el personaje que por décadas fue considerado un riesgo para la inversión, fue todavía más duro. Muchas personas que habían caído en el garlito de que se trataba de un político diferente, que había cambiado y era pragmático, empezaron a dudar de ello.

La confirmación de esas dudas ha ocurrido durante la primera mitad de 2019. Por un lado, el presidente ha golpeado duramente a la administración pública, cebándose en los organismos autónomos, y especialmente destruyendo a los relacionados con el área energética. Por otro, propone proyectos poco creíbles para los expertos, que además requieren cantidades que no tiene el gobierno. Financiarlos implica dejar de gastar en política social, que es casi lo único que hace el gobierno mexicano. Aunque eso no es un tema que importe mucho a los inversionistas, a la luz de las otras decisiones se convierte en una amenaza: así como fue capaz de hundir cientos de miles de millones para demostrar su poder, así es capaz de destruir programas sociales mundialmente famosos para cumplir sus caprichos.

Finalmente, al sumar la notoria incapacidad de su equipo, no sólo el gabinete o las empresas de gobierno, sino incluso sus legisladores y gobernantes locales, el panorama es desolador. Nadie puede tener certeza de la seguridad de su inversión. De pronto puede ser cancelada, como lo fue el NAIM o como las licencias de construcción en la Ciudad de México; o tal vez se pueda terminar, pero no habrá mercado, porque la gente no quiere invertir ni siquiera a mediano plazo en un auto o un departamento; o pueden modificarse las reglas en el mercado, y dejar fuera a cualquier empresa, como ha ocurrido con proveedores tanto en educación como en salud.

No cabe duda de que la falta de cumplimiento de la ley en México ha sido el elemento más importante tanto para impedir el crecimiento como para mantener la desigualdad. Gracias a que la ley se aplica discrecionalmente, el capitalismo de compadrazgo se mantiene. Muchos votaron por López Obrador esperanzados en que esto terminara, imaginando que el discurso contra la corrupción iba en este sentido.

Ha ocurrido al revés. Al destruir la poca institucionalidad que habíamos construido, la discrecionalidad crece, y con ella el impacto del capitalismo de compadres. Si son los mismos u otros, no importa, el resultado es el mismo: estancamiento y enriquecimiento de unos pocos.

La convicción de que esto es lo que ocurre es lo que reduce la inversión y frena la economía. Si esto es correcto, entonces no hay manera de que el crecimiento regrese durante esta administración. Seguimos mañana.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.