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Mal plan

16/01/2020
Actualización 16/01/2020 - 12:53

Posiblemente usted recuerde el desaguisado alrededor del Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría de Hacienda, que tiene la responsabilidad de construir y redactar el documento, presentó al Presidente su propuesta, para su firma, y éste les anunció que no sería necesario, que él ya tenía el Plan. Se trataba de un documento esencialmente ideológico y voluntarista, sin metas, estrategias u objetivos, que en ninguna parte habría sido admitido como plan. Salvo, claro, en la Cámara de Diputados, que es la oficialía de partes del Ejecutivo. Ese mamotreto fue publicado como Plan Nacional de Desarrollo, y como anexo se puso al menos una parte del trabajo de Hacienda. Según sus propias palabras, Carlos Urzúa decidió renunciar ese mismo día.

Bueno, pues si el texto publicado por los diputados es inútil, ahora además Hacienda ha incumplido su obligación de publicar los programas especiales y sectoriales que derivarían de aquél. Tal vez porque no puede hacerse nada razonable partiendo del manifiesto obradorista, o tal vez porque, como comentamos ayer, hay un serio déficit de capital humano en la administración actual. Como sea, estamos en violación de la Ley de Planeación.

Cabe comentar que esa ley es, en sí misma, algo poco recomendable. Su existencia viene de la creencia setentera en la planeación central (ejecutada por Echeverría y López Portillo), que alcanzó nivel Constitucional a inicios del sexenio de De la Madrid. Desde entonces, hay planes de desarrollo cada sexenio, que se transforman en planes sectoriales y especiales, que después se traducen en programas presupuestarios, y al final en objetivos más o menos medibles. No es que la idea sea mala, pero en muchas ocasiones estos planes y programas acaban siendo, por un lado, camisas de fuerza, y por otro, listas de ilusiones. Como sea, los artículos 25 y 26 de la Constitución siguen fundamentando el proceso de planeación, y hay una ley que se debe cumplir. Eso no ha ocurrido.

Otro elemento que puede estar detrás de la incapacidad de publicar estos planes y programas puede ser la volubilidad presidencial. Por ejemplo, en 2019 se envió para su venta el avión presidencial; en 2020, se regresó para ver si se alquila, pero ya con una pérdida de valor de 50 por ciento, según el mismo Presidente. Otro caso, la posibilidad de inversión privada en energía, que fue rechazada cuando se publicó el Plan de Infraestructura, pero se pospuso para enero, y ahora se dice que en febrero habrá noticias, pero en esta semana el Presidente rechazó nuevos contratos, en la mañanera. Así, no hay planeación posible.

Más complicado aún, se eliminó el Seguro Popular y se lanzó el Insabi. Al hacerlo, dejaron sin cobertura a miles de personas que ya estaban siendo atendidas. El reclamo popular obligó al Insabi a aceptar que todos ellos serán atendidos sin costo, pero eso no estaba presupuestado en ningún lado. Ahora hay que mover recursos, que no son pocos, descobijando otros programas. Y si mañana surge otra ocurrencia, habrá que hacer lo mismo. En pocas palabras, no hay planeación posible cuando todas las decisiones las toma una persona que no tiene ni conocimiento, ni experiencia, ni respeto mínimo por leyes y procedimientos. Que se llame Andrés Manuel es irrelevante.

Como ya hemos comentado, la destrucción de la administración pública no es algo inimaginable, por el contrario. Sin personal calificado, sin recursos, sin un mínimo orden en planes y programas, cada quien va haciendo lo que puede, que no es mucho. Al final, lo único que le importará a secretarios, subsecretarios, directores generales, y de ahí para abajo, será que López Obrador no los voltee a ver. Tratarán de evitar notoriedad, que es sinónimo de hacerse tarugos. Y, como hasta ahora, todo girará alrededor de los desplantes mañaneros.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.