Hemos comentado ya el impacto económico y la forma política en que han ocurrido los primeros cien días, pero hay que dedicar un espacio a realizar el mismo ejercicio acerca de la relación del presidente con las instituciones. No se le puede reclamar incongruencia, ya lo había dicho: "al diablo con las instituciones". En eso está.
La primera institución que ha demolido es el propio gobierno federal. No puede interpretarse de otra manera el desplazamiento de miles de personas calificadas, para ser sustituidas por leales. No se trata del tradicional cambio de partido en el gobierno, que vimos en México en 2000 y en 2012, es un proceso de destrucción.
Para que no quede duda, cancelaron programas específicos en diversas áreas. Por ejemplo, todo lo relacionado con emprendedores, con promoción de inversión y de turismo. Lo mismo hacen con el Seguro Popular y con Oportunidades-Progresa.
En cuanto a los órganos autónomos, debilitaron la CNH (hidrocarburos), atacaron la CRE (energía), están por desaparecer el INEE (educación) y, junto con aliados priistas, han desacreditado ya al TEPJF (electoral). Hay presiones constantes al INAI, al INE e incluso la SCJN, que ha debido soportar ataques físicos al personal y asedio a sus instalaciones.
La destrucción institucional debe entenderse en la lógica de la concentración de poder en una sola persona, como ayer comentamos. Es, entonces, el mismo proceso de desaparición de la democracia. AMLO promueve estos golpes utilizando como argumento la corrupción, que todos aceptan, haya o no evidencia en cada caso en particular. Sin duda, en lo global, la corrupción fue consustancial al viejo régimen, y se convirtió en el más grave error de la transición, hoy finalizada.
Pero precisamente la creación de instituciones era el proceso para terminar con la corrupción. Organismos independientes que miden el comportamiento de la economía (Inegi), o el desempeño de las políticas públicas (Coneval, INEE), que coordinan las acciones en energía (CRE), o administran campos petroleros (CNH), que administran la información (INAI), que vigilan derechos (CNDH) o jurisdicción (TEPJF, SCJN), son la barrera a las decisiones unipersonales del Ejecutivo. Aunque puedan tener defectos, estos son siempre menores a los que tiene una persona que cree posible opinar de todos estos ámbitos como si supiera, como es el caso de López Obrador.
No hay manera de enfrentar la corrupción en un entorno desinstitucionalizado. Si bien los organismos autónomos no garantizan limpieza, su inexistencia sí garantiza opacidad y mugre. Creer que una persona puede limpiar los establos de Augías, como lo hizo Hércules, es permanecer en ese pensamiento mítico, en el que son los héroes los que definen el futuro de los pueblos. Y ese romanticismo heroico puede ser atractivo para muchos, pero no es la forma de construir un país para todos, ni una economía exitosa ni libertades.
Finalmente, en cien días se ha confirmado que millones de mexicanos votaron por un padre que les resolviese la vida, y se sumaron a ellos otros millones de confundidos, que creyeron que nunca habíamos estado peor. Hoy saben que se equivocaron, porque estamos peor que antes de votar. Ahora se trata de impedir que este movimiento heroico, autocrático e ignorante se convierta en una realidad permanente.
Sin importar lo que cada quien eligió en julio, ahora se trata de evitar que el gobierno actual logre perpetuarse, destruyendo instituciones y economía, sostenido en dádivas para millones de supuestos menesterosos. Países así han abundado en la historia, y pueden funcionar por décadas, pero siempre en ausencia de libertad y crecimiento económico. Antes eran la norma, pero hace 100 años sólo son ejemplo de tragedias. Ni los mexicanos son mendigos, ni el gobierno de héroes es una solución.