Como decíamos ayer, tal vez lo que el gobierno quiere resolver no es el problema del campo, sino el de los campesinos. Eso sería muy bueno, porque el campo, de manera general, no parece tener un problema serio, aunque sin duda tiene mucho que puede mejorar. En cambio, cuando vemos lo que ocurre con las personas que trabajan en el campo, es indudable que las cosas no están nada bien para muchos de ellos.
La productividad de los cultivos es algo determinante. Si se produce poco de un producto que además se vende barato, se pierde. En el caso del maíz, por ejemplo, hay once entidades donde la productividad no llega a dos toneladas por hectárea. Incluso con el precio de garantía, eso significa menos de 12 mil pesos al año: menos de medio salario mínimo, sin contar los gastos.
Estas entidades, en lo general, no se dedican a producir maíz: Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Ciudad de México, producen todas menos de 1.3 toneladas por hectárea. Pero son entidades más bien dedicadas a industria o servicios, todas ellas (salvo CDMX) con un crecimiento económico muy importante. Luego vienen Oaxaca, Tabasco y Chiapas, de las cuales Tabasco ha vivido de Pemex, pero las otras dos sí se han enfocado en el maíz. En Oaxaca se sembraron más de medio millón de hectáreas de este grano, en 2017, y eso ha ocurrido desde hace décadas (en 1980, por ejemplo, fueron 450 mil). La productividad es de 1.3 toneladas por hectárea. En Chiapas, casi 700 mil hectáreas sembradas, con una productividad de 1.9 toneladas por hectárea. Pero en 1980 se sembraban en ese estado 500 mil, y la productividad era de 2.4 toneladas. Se ha incrementado la superficie, pero ha caído la productividad. Los últimos dos estados en esta lista son Zacatecas y Aguascalientes, para no dejar la duda.
Imagino que es pensando en estos agricultores que se decidió regresar a los precios de garantía. Esto lo que significa es que un campesino tiene la certeza de que le pagarán un cierto precio cuando coseche, sin importar lo que ocurra en el mercado en ese momento. Se anunció que para el frijol el precio será de 14 mil 500 pesos por tonelada; el maíz, 5 mil 610; el trigo, 5 mil 790, y el arroz, 6 mil 120. Esos precios son más o menos dos mil pesos superiores, por tonelada, a lo que se vendieron esos granos (leguminosa) en 2017, o a lo que están hoy en mercados internacionales. Es decir que sí sirven como garantía.
Este precio está limitado a muy pequeños productores, y eso está bien. No sé cuántos campesinos lo aprovecharán, pero si el 2 por ciento de la producción nacional hiciese uso de estos precios, el costo para el erario será de mil 500 millones de pesos. Parece que tienen reservado algo así como 6 mil millones de pesos para este rubro, de forma que hasta el 8 por ciento de la producción estaría cubierta. Se trata de un subsidio dirigido a los más pobres, y, visto así, no tiene nada de malo, mientras esté limitado y controlado.
Sin embargo, estos precios de garantía no resuelven absolutamente nada. Como es evidente por la productividad que veíamos, incluso vendiendo al precio de garantía, una persona que tiene una hectárea gana menos de la mitad del salario mínimo. Los precios de garantía, como tantos otros subsidios que se han orientado a los campesinos, incluyendo la misma Reforma Agraria Cardenista, lo único que hacen es perpetuar la pobreza.
Sembrar maíz en Oaxaca o Chiapas es una condena eterna, que no se va a resolver ni con Procampo ni con precios de garantía ni con otras limosnas similares. Otra vez, es estar resolviendo problemas equivocados, por más humano que eso parezca.