De verdad que uno no quisiera regresar a lo mismo, pero no hay remedio. En la semana pasada alcanzamos nuevos niveles de destrucción, que serán muy difíciles de remontar.
La colega Ana Francisca Vega ha seguido el tema de la escasez de medicinas para los enfermos de cáncer, especialmente los niños. Durante el fin de semana nos informó de una situación muy extraña, pero sin duda muy seria. Supuestamente, un cargamento de medicinas oncológicas, proveniente de Argentina, habría sido robado a inicios de la semana de las instalaciones en las que se había resguardado. Es confusa la información, porque nadie vio esas medicinas. Además, las autoridades pidieron a los padres de los niños enfermos que fueran ellos quienes denunciaran el robo. Aunque hay alguna descripción de cómo habría sido ese ilícito, la verdad es que no tenemos idea de si el cargamento existió y se lo robaron (una muestra más de incompetencia), si nunca existió y están mintiendo, o si es un robo fingido (un ejemplo más de corrupción, de los que abundan en este gobierno).
Lo importante es que no hay medicamentos que antes existían. Dejaron de estar disponibles cuando este gobierno intervino en el sector salud, con la excusa de acabar con la corrupción. Insisto en que no tienen argumento alguno, puesto que abunda la evidencia de que son más corruptos que cualquier gobierno anterior. Pero lo grave es que éstos, como Atila, no dejan nada a su paso.
Ya habíamos comentado la desaparición de los fideicomisos, también con la excusa de la corrupción (que nunca demostraron, como tampoco lo hicieron en el caso del aeropuerto o, para ser más explícito, en ningún caso). Destruyeron con ello la atención a los enfermos, a los damnificados, la protección de los defensores de derechos humanos, de los periodistas amenazados, y decenas de proyectos de investigación en curso.
Pero al cierre de la semana supimos que también han decidido cancelar el apoyo de Conacyt al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en universidades privadas. Como usted sabe, el SNI es un instrumento de apoyo a la investigación en el que las personas que se dedican a esta actividad, conforme demuestran resultados, reciben un apoyo económico mensual. Ese apoyo estaba restringido a universidades públicas, pero desde hace poco más de una década incluyó a los investigadores del sector privado. Horas después de cancelar los fideicomisos, procedieron a hacer lo mismo con el SNI.
En el imaginario de los populistas mexicanos no es aceptable apoyar ninguna actividad privada. Sin embargo, conviene recordar que los profesores-investigadores ganan, en México, más o menos lo mismo en el sector público que en el privado. De hecho, los 'privilegiados' siguen siendo los profesores de la UNAM y la UAM, con ingresos muy superiores a los que se obtienen en cualquier otra universidad. Sin duda, la mayoría de esos ingresos provienen de instrumentos adicionales al sueldo, y eso ha causado el terrible cuello de botella de investigadores que no quieren jubilarse. Entre programas de incentivos, fondos de investigación, SNI y otros, un profesor de esas universidades obtiene ingresos equiparables a un director general o subsecretario del gobierno federal. Eso no pasa en muchas universidades estatales, que están quebradas por sus malos sistemas de pensiones; ni en muchas privadas, que no alcanzan a cubrir ese tipo de sueldos.
Pero la tijera avanza: la cancelación de fideicomisos pone en riesgo al CIDE, al Colmich, al Cinvestav, mientras la cancelación del SNI a privados cierra posibilidades a todos los profesores de esas universidades. Me atrevo a pensar que 80 por ciento de la investigación del país se canceló en la misma semana en que 'desaparecieron' las medicinas importadas. Uno no quisiera hablar de esto, pero es la triste realidad.