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Acorralados

19/02/2020
Actualización 19/02/2020 - 12:36

No habíamos tenido un presidente con tanto poder (extralegal) desde Carlos Salinas de Gortari. Y ninguno había ganado una elección con tanta legitimidad en toda la historia nacional. Así de fácil. De ese tamaño era el capital político de Andrés Manuel López Obrador el 2 de julio de 2018.

Las decisiones tomadas desde entonces (o más claramente, desde el 1 de septiembre de 2018, cuando se hicieron del control del Congreso con una mayoría que, ésa sí, no era legítima pero sí legal) han dilapidado ese capital político de forma espectacular.

López Obrador pudo iniciar su gobierno con una reforma fiscal profunda, progresiva, que cobrara más y mejor a los más ricos y financiara programas sociales de verdad. No lo hizo. Canceló la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, y con ello alienó a los inversionistas. Poco después, revirtió la reforma educativa e inutilizó la energética. Concentró todo el poder posible en su persona, subordinando a organismos autónomos, al Congreso, al Poder Judicial, la CNDH, e intentan ahora seguir con lo que les falta. Bajo la lógica del populismo (¿Foro de Sao Paulo?) tal vez tenga sentido lo que hacen; en términos económicos, ha sido un suicidio.

Las decisiones apretadamente presentadas en el párrafo anterior redujeron la tasa de crecimiento de la economía de 2.5 por ciento a cero. El reflejo en empleo es ya evidente, y aunque se han promovido incrementos salariales, la cantidad disponible para gastar ha dejado de crecer, y el consumo ya no tiene los ritmos de antes. Los programas sociales han sido un fracaso total: se regala dinero, pero no parece reflejarse ni en reducción del desempleo, ni en incremento de consumo.

La elección de 2018 se realizó alrededor de dos temas: corrupción e inseguridad. El primero no es nada fácil de medir, de forma que ha bastado la palabra presidencial para que se crea que el problema ha terminado. Le ayudan eventos como la captura de Lozoya.

La inseguridad sí se mide, y más cuando ocurren eventos extraordinarios. La popularidad presidencial ha perdido precisamente alrededor de ellos. Es muy posible que desde octubre esta caída sea una combinación de la economía estancada y de la ausencia de resultados en seguridad.

Como se quiera ver, el Presidente ha perdido cerca de 15 puntos de apoyo a partir de su máximo, un par de meses después de la toma de posesión. Es cierto que entró con niveles muy elevados, pero 15 puntos en un año no es poca cosa. Si el argumento es correcto, y esa pérdida es resultado de la combinación de economía y seguridad, habría que esperar un ritmo similar en el futuro cercano. Dicho de otra forma, si no pasa nada raro, el Presidente llegaría a la elección de junio de 2021 con apenas 40 por ciento de apoyo, frente al 80 por ciento que tuvo hace un año.

La dificultad de trasladar la popularidad a su partido y sus candidatos, a partir de un piso de 40 por ciento, implica que le costaría mucho trabajo replicar el triunfo de 2018. En condiciones normales, esta columna apostaría a que eso no ocurriría. Sin embargo, no estamos en la normalidad, ni en México ni en el mundo. Ha avanzado la idea de que la democracia sólo consiste en votar, y que la igualdad de condiciones en la competencia, las fuentes de información independientes, los derechos políticos, no son tan relevantes.

Me parece que por eso hay tanta necesidad de parte del gobierno de acabar con la autonomía del INE. Porque saben que no podrían ganar la elección intermedia en condiciones democráticas normales. Quieren una elección inclinada a su favor: sin dinero para los demás, con toda la atención mediática al Presidente, con un árbitro sesgado.

Pero falta más para imaginar la década completa. Seguimos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.