Esta columna ha insistido en varias ocasiones en que nos encaminamos a una crisis fiscal. Con esto me refiero a un desequilibrio entre los ingresos y gastos del sector público que entran en una ruta inmanejable. Esto no es algo raro, y en México ocurrió en 1976, 1982, 1987, 1994 y estuvo a punto de ocurrir en 2017, pero el gobierno de Peña Nieto actuó responsablemente, aunque eso le costó la elección de 2018.
En todas esas ocasiones, el problema inicia con excesos de gasto del gobierno, que deben financiarse de alguna manera. En tres de ellas, ese financiamiento ocurrió con fuentes externas: en 1976 y 1982 con lo que llamábamos deuda externa; en 1994, con Tesobonos. En los tres casos, al no poder conseguir los dólares necesarios para cubrir el servicio de la deuda, hubo necesidad de ajustar el tipo de cambio. Era una época en que el régimen cambiario era de tipo de cambio fijo, de forma que el ajuste es lo que conocemos como devaluación. De 12.50 a 22 pesos en 1976, de 25 a 150 en 1982, y de 3.50 a 7.50 en 1995.
En 1987 lo que se hizo fue diferente. No podía crecer la deuda externa porque desde 1983 nadie nos prestaba, así que todo el exceso se hizo en pesos. La salida, desde junio de 1986, fue “monetizar el déficit”, es decir, obligar al Banco de México a imprimir dinero para financiar el gasto del gobierno. Esto implicó un incremento de la inflación, de 75 por ciento anual en ese mes a 160 por ciento al momento de iniciar el plan antiinflacionario. Eso arrastró al dólar, que pasó de 550 viejos pesos a 2 mil en ese mismo periodo. No fue hiperinflación, pero nos quedamos cerca.
En este momento, no parece que tengamos un problema con el financiamiento externo. Ese segmento de la deuda ronda 31 por ciento del total, que se encuentra prácticamente en 50 por ciento del PIB. Estamos en el límite razonable, pero sin una presión del exterior en este rubro. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del gasto sí supera al de los ingresos, igual que ocurrió en los primeros cuatro años de Peña Nieto. A diferencia de entonces, este gobierno no ha optado por la responsabilidad fiscal, y su presupuesto para 2023 incrementa los riesgos.
Para fingir estabilidad, siguen ahorcando a la administración pública. Educación y Salud tienen hoy alrededor de un tercio menos presupuesto del que tenían en 2016, medido en relación con el tamaño de la economía (aunque ésta sea apenas 2.4 por ciento mayor a la de ese año). Algo similar ocurre con Defensa y Marina, aunque muchos piensen lo contrario. Agricultura ha perdido la mitad de su presupuesto, mientras que Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía han perdido dos terceras partes. No estamos cuidando ni el desarrollo humano, ni la seguridad nacional, ni producción, infraestructura o presencia global. Nada, pues.
Aun con ese estrangulamiento, que creo que no es sostenible, el déficit para el próximo año implica un incremento en la relación deuda contra PIB, que también intentan esconder con cifras absurdas de crecimiento económico. Pero la deuda hoy sale más cara, porque las tasas están subiendo, y seguirán haciéndolo por un buen rato.
Entonces, lo que veremos será una inflación que empieza a separarse del resto del mundo, obligando al Banco de México a subir sus tasas aún más, y con ello elevando el costo de la deuda, que a su vez obligará al gobierno a gastar más, y la espiral está puesta. Sigo pensando que eso será evidente dentro de un año, y entonces todas las variables nominales adquirirán dinámica propia: inflación, tasas, tipo de cambio. Pero ya será tarde para actuar.
Muchos colegas creen que hay dos años más de plazo. Ya veremos.