Dentro de ocho días, el miércoles 1 de septiembre, se instalará la LXV Legislatura. Se conforma de la Cámara de Senadores, que no ha cambiado desde 2018, y de la nueva Cámara de Diputados, resultante de la elección del 6 de junio. El Consejo General del INE ha informado ya la conformación de esta nueva cámara.
Morena tendrá 198 diputados, mientras que PRI, PAN y PRD sumarán 199 curules. Si ampliamos a las alianzas, Morena y el PT, que es su aliado seguro, suman 235 diputados, frente a 222 de la coalición opositora más Movimiento Ciudadano. Las decisiones de mayoría las tomará el PVEM, el Partido Verde, que tendrá 43 diputados. Si se suma a la coalición de gobierno, tendrán 278 votos; si se suma a la oposición, ésta tendría 265.
Es importante comentarlo porque en el intento de convocar a un periodo extraordinario para sacar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, los representantes actuaron conforme a las coaliciones comentadas. Morena, PT y PES de un lado; PRI, PAN, PRD y MC del otro. El Partido Verde jugó con el gobierno, pero no lograron tener los dos tercios de los votos que eran necesarios para emitir la convocatoria. Podría uno suponer que en la próxima legislatura así estarán los bloques, pero eso sería menospreciar el poder que tiene el Partido Verde. Es decir, el poder que tendrá a partir del 1 de septiembre.
Cualquier decisión que quiera impulsar el Presidente requerirá del visto bueno y el apoyo de un partido que no ha demostrado ni ideas ni capacidad de gobierno en los 30 años que tiene de existir. Creado por Manuel Camacho y Marcelo Ebrard desde la jefatura de Gobierno del DF, el partido les fue arrebatado por la familia González Torres, tamaulipecos de vocación farmacéutica, que lo controlaron por mucho tiempo. Al parecer, los hilos de la institución política están hoy en manos de Arturo Escobar, su parlamentario más experimentado, y de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y senador. Curiosamente, Velasco es nieto de otro gobernador chiapaneco, que fue, además, suegro de Manuel Camacho.
En el Senado, la coalición del gobierno tiene 72 integrantes, frente a 49 de la oposición (50 si contamos ahí a Álvarez Icaza). Los seis restantes pertenecen al Partido Verde. La mayoría simple está garantizada para el gobierno, pero no la calificada, que no alcanzan de ninguna manera.
Esto significa que el Presidente no tiene posibilidad de modificar la Constitución, porque no cuenta con mayoría calificada en ninguna de las cámaras. Pero tampoco tiene asegurada la aprobación del Presupuesto (que es facultad exclusiva de Diputados) si no es en compañía del Partido Verde. Por el historial del partido, decíamos, lo único claro es que sus votos serán costosos. Fueron aliados de Fox en 2000, del PRI desde 2003 y de Morena en años recientes. Pueden ser aliados de la oposición, o de algún elemento que se independice del gobierno actual, sin ningún problema. Lo harán si, en su contabilidad, los rendimientos a futuro lo ameritan.
No vaya usted a imaginar que el Partido Verde traicionará a López Obrador el miércoles próximo, que no es eso lo que digo. Pero tampoco crea que votarán siempre lo que él les diga. Empezarán a extraer rentas, sondearán el panorama e irán moviéndose según soplen las corrientes políticas.
Pero esto ya no es el trienio de legitimidad plena y mayorías aplastantes. Es un reloj de arena cuyos granos se van rápido, uno por uno, sin detenerse. Como lo dijimos inmediatamente después de la elección del 6 de junio, se le acabó el tiempo a López Obrador, y se le acabará el poder. El proceso ha empezado, y es ineluctable.